La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha presentado recientemente el informe anual en el que resume la actividad registrada durante el pasado año. Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, defensor del Pueblo Andaluz y defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, ha dado a conocer que a lo largo de 2021 “han sido más de 30.000 personas las que requirieron nuestra intervención, bien para demandarnos la supervisión de los poderes públicos; bien buscando información y asesoramiento para el ejercicio de los mismos, o reclamándonos una mediación en el caso de entidades colectivas”.

En concreto, a nivel andaluz, fueron 8.873 escritos nuevos y 61 quejas de oficio, “lo que suponen 8.934 quejas iniciadas en 2021, a las que se suman las pendientes de años anteriores hasta alcanzar las 13.092 quejas tramitadas”. De estas, 354 han sido gestionadas por la vía de la mediación, un volumen que se ha multiplicado por 6 en los últimos cinco años”. Asimismo, “la ciudadanía nos ha confiado, además, 14.924 consultas, a las que hemos ofrecido escucha y asesoramiento”.

Estadística local

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz recibe cada año decenas de quejas y consultas procedentes también de Jerez. Así, en 2021 recibió un total de 169 quejas firmadas por 1.468 jerezanos. Las reclamaciones tramitadas suponen un aumento de más del 11% si se compara con 2020 cuando recibió 152 de 277 firmantes.

Si se compara con los años precedentes, 2021 ha sido el que más quejas ha acumulado, incrementándose hasta un 40% las reclamaciones respecto a las que recibió el Defensor hasta cinco años atrás.Del total de peticiones registradas, un total de 28 quejas estaban relacionadas con el Ayuntamiento de Jerez, según desvela el informe anual del Defensor del Pueblo Andaluz.

A nivel provincial, Jerez es la ciudad que más demanda la intervención de la institución, algo lógico teniendo en cuenta que es el núcleo más poblado. En concreto, las quejas presentadas por la ciudad suponen casi el 15% del total de las registradas desde la provincia.

Casos destacados

Desde la oficina dirigida por Maeztu destacan algunos de los casos en los que han intervenido en Jerez. Así, en materia de Trabajo, en el año 2021 recuerdan que tramitó en esta institución la queja promovida por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, en la que se ponía de manifiesto “las dificultades de este colectivo para el desarrollo de su actividad profesional en los CMAC de Cádiz, Jerez de la Frontera y Algeciras”.

Tras contactar con la Junta, el Defensor del Pueblo Andaluz recalca que “sin perjuicio de las precisiones que se contienen en el informe remitido por la Administración de empleo, en cuanto a las competencias que corresponden a la Administración del Estado en esta materia, consideramos que en el actual sistema de citaciones de los CMAC de la provincia de Cádiz puede y debe ser mejorado para adecuarlo a los requerimientos técnicos de administración electrónica, que agilizarían y facilitarían el eficaz cumplimiento de este trámite y, por ende, del servicio público cuya prestación tiene encomendada la Junta de Andalucía”.

También en relación con temas de justicia, en 2021 se tramitaron quejas donde se puso de manifiesto incidencias con el portal Adriano. “Así la queja 21/3276 ilustra algunas de las cuestiones que afectan a la implementación del nuevo sistema @driano, como es la falta o carencia de un adecuado sistema de alarma en la aplicación de gestión procesal de expedientes, que puede generar incidencias en la tramitación de los mismos produciendo dilaciones judiciales que perjudican a los interesados”, detallan desde la institución.

A nivel provincial, Jerez acapara casi el 15% de las reclamaciones

En materia de nuevas tecnologías, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz reconoce también “las consecuencias de la brecha digital, en sus diferentes manifestaciones, siguen generando la presentación de quejas en esta institución. Destacando por su número las que denuncian la situación de exclusión en la que quedan aquellas personas que viven en zonas donde no es posible disponer de una adecuada conexión a Internet, porque aún no ha llegado la fibra óptica y los sistemas alternativos no ofrecen garantías de una conexión con la calidad requerida”.

Entre las quejas tramitadas en 2021 por este motivo destacó la “queja 21/4491, en la que una comunidad de propietarios de Jerez de la Frontera (Cádiz) denunciaba la falta de conexión de su edificio a las líneas de fibra óptica desplegadas en el municipio”.

Tirón de orejas al Ayuntamiento

En materia de Seguridad y Salud Laboral, desde la institución destacan “la queja 19/4687, en la que el representante de una Sección Sindical del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera denunciaba a dicho Ayuntamiento ante su negativa a facilitar a los representantes del personal de la misma el Informe de evaluación de riesgos psicosociales realizado en el Departamento Gabinete Jurídico que habían solicitado en reiteradas ocasiones”.

A pesar de las respuestas ofrecidas por el Ayuntamiento al Defensor, desde la institución insisten en que “el derecho de información en materia de prevención de riesgos laborales es un derecho básico de los trabajadores que, de acuerdo con la normativa aplicable, puede ser ejercitado a través de sus representantes específicos en materia de seguridad y salud laboral y, si no estuvieran designados, subsidiariamente, a través de sus representantes generales designados como delegados del personal o comité de empresa”.

Por otra parte, “de la documentación obrante en el expediente, tampoco podemos apreciar, como nos indica el Ayuntamiento, que la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz haya dado por bueno el proceder de dicha Administración en este asunto según nos comunica este organismo, el expediente sancionador incoado por el incumplimiento de entrega de información a los órganos de representación del personal sigue en trámite, y no resulta afectado por la respuesta del mismo a una consulta concreta planteada por esa Entidad Local”.

En consecuencia, el Defensor del Pueblo Andaluz “recomienda al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera para que, en atención a las dispuesto en las normas citadas y consideraciones precedentes, se proceda, sin más demora, a dar traslado del Informe de evaluación de riesgos de carácter psicosocial realizado en el Gabinete Jurídico de esa Entidad Local al Comité de Seguridad y Salud Laboral del mismo, si estuviera constituido, y si no lo estuviera, al Comité de Empresa de dicho Ayuntamiento”.

Queja vecinal

Otra queja curiosa tramitada a instancia de un vecino de Jerez fue relativa “a la insuficiente actividad del Ayuntamiento de esta ciudad ante la problemática generada por palomas en la zona donde residía, que describía de la siguiente forma: “Una plaga de palomas que hace imposible el descanso desde las 7 de la mañana que empiezan a hacer ruidos, tienen toda la zona llena de excrementos, es imposible tender en patios o balcones porque te llenan de excrementos la ropa, no podemos ni siquiera abrir las ventanas tanto por el ruido como porque se meten dentro de la propia casa, pero lo peor de todo sin duda es no poder dormir ni descansar por el ruido”.

Cerca de una treintena de intervenciones estaban relacionadas con el Ayuntamiento

Tras interesarse por este asunto ante el Ayuntamiento de Jerez, “fuimos informados de las actuaciones llevadas a cabo para tratar de dar solución a este problema, entre otras el método de cañones de redes y jaulas de captura, así como el método de hacking de Halcón Peregrino que se iba a implantar en fechas posteriores”. No obstante, “el Ayuntamiento reconocía la dificultad, cuando no imposibilidad, de erradicar completamente el problema”.

Con entidades bancarias

Desde la Oficina de Maeztu detallan también en el informe anual que, en ocasiones, quienes se dirigen a esta institución “nos solicitan que intermediemos con los bancos propietarios de las viviendas en que residen y de las que están pendientes de desalojo por impago del alquiler (a menudo en viviendas de las que habían sufrido la ejecución hipotecaria) o pendientes de firma de contrato de alquiler social”.

Sin embargo, “las entidades financieras y de crédito, al no formar parte de la Administración, no pueden ser objeto de supervisión por parte de esta institución, si bien en casos de familias en riesgo o situación de vulnerabilidad y cuando no existe ningún otro organismo público que realice dicha intermediación o bien no se ha alcanzado un acuerdo, nos dirigimos a la entidad solicitando que valoren las situaciones expuestas por las personas interesadas a los efectos de la firma o renovación en un contrato de alquiler social”.

Gracias a ello, en 2021 “pudimos concluir con éxito” una queja relativa a ello en Jerez.