Regantes denuncian en Fiscalía que riegan con agua contaminada

Lo atribuyen a la depuradora de Jerez y a la Azucarera, pero el Ayuntamiento lo niega tras realizar una inspección junto al Seprona

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Una montaje realizado por la Comunidad de Regantes del estado de los campos a medida que les afecta el agua de riego.
Una montaje realizado por la Comunidad de Regantes del estado de los campos a medida que les afecta el agua de riego.

La Comunidad de Regantes de la Margen Derecha del Bajo Guadalete ha decidido acudir nuevamente a la Fiscalía para denunciar la "mala calidad" del agua con la que riegan sus cultivos. La entidad afirma que lleva desde 2008 denunciando esta situación que atribuyen a los vertidos de la depuradora de Jerez y a la azucarera. En cambio, el Ayuntamiento de Jerez niega que esta sea la causa tras una inspección que se realizó recientemente junto a agentes del Seprona de la Guardia Civil.

Según informó este viernes Diario de Cádiz, los regantes se reunieron el pasado miércoles en asamblea para acudir al ministerio público puesto que aseguran que se "vierten, directa o indirectamente, una gran cantidad de contaminantes al río antes de que esta comunidad capte el agua para su uso en regadío". Según la entidad, "esos vertidos modifican las condiciones químicas y microbiológicas del agua que procede de los embalses de la cuenca, que no tienen ningún problema para el medio ambiente o para el riego, aguas de lluvia que por escorrentía llegan a los embalses".

La entidad llega a asegurar que en los análisis que han encargado se han detectado colonias de E.coli o incluso presencia de salmonella, metales pesados y un elevado nivel de sales. Asimismo, apuntan que las "transportan productos químicos y sustancias contaminantes en forma de cúmulos flotantes que atascan los orificios de las gomas de riego a pie, que tienen que ser retirados manualmente, los cuales, también tienen un fuerte olor a depuradora y un tacto untuoso o jabonoso como cualquier detergente, no albergando dudas del origen de estas aguas y la influencia negativa que tienen sobre los cultivos y terrenos agrícolas de la zona regable del Poblado Doña Blanca".

En este sentido, inciden que este problema lleva años sin resolverse a pesar de sus continuas denuncias y quejas a las administraciones correspondientes. De hecho, la comunidad hace mención de un estudio de la calidad del agua del río que realizó en 2015 y 2016 concluyendo que la baja calidad del agua están mermando la calidad y productividad de los suelos destinados para el cultivo. Asimismo, llevan años reclamando que se construya una infraestructura que permita desviar esas aguas río abajo del azud de El Portal, donde se encuentra el punto de captación del agua. Sin embargo, a pesar de contar con un proyecto, este no ha sido ejecutado aún por el organismo autonómico.

Preguntado por este asunto, el delegado de Servicios Públicos del Ayuntamiento jerezano, Jaime Espinar, señaló que ya tenían constancia de esta denuncia y que semanas atrás se personaron en la zona miembros del Seprona junto a personal de la empresa concesionaria de la depuradora de aguas, FCC, y del Ayuntamiento de Jerez para comprobar si había vertidos o no. En este sentido, el edil que se comprobó que no hay vertidos de este tipo ni por parte de la depuradora ni de la azucarera. "El origen podría ser otro", sentenció Espinar, aunque señaló que aún no se puede determinar cuál sería.

Se da la circunstancia de que a principios de esta semana se hizo público que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez firmarán próximamente un protocolo para ejecutar las obras de ampliación de la depuradora de Jerez e incorporarle el sistema terciario, una obra que tendrá un coste de unos 14 millones de euros. En la comparecencia, tanto el consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, como la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, incidieron en la importancia de esta obra para que las aguas tratadas "se puedan utilizar para el regadío del Bajo Guadalete y la Costa Noroeste".

Se da la circunstancia de que a día de hoy la depuradora está siendo sancionada por la Unión Europea con unos 100.000 euros anuales al no ajustarse a la normativa ambiental por la falta de este sistema terciario.

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