El Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene demandado al Ayuntamiento de Jerez en un Juzgado de lo Civil ya que le exige que le indemnice por haberse visto obligado el año pasado a paralizar las obras de construcción de su nueva sede en la avenida de Arcos. Los trabajos tuvieron que pararse al poco de iniciarse cuando se hallaron en el subsuelo unas canalizaciones de telefonía de las que no tenía constancia.  

La administración estatal le reprocha al Consistorio que no le informase de la existencia de estas conducciones, y por ende de esta servidumbre, cuando le vendió los suelos en 2004. Los trabajos para desviar las tuberías de telefonía le han supuesto un sobrecoste de la obra de algo más de 260.800 euros que ahora la Seguridad Social reclama al Consistorio por la vía civil.  

La existencia de esta demanda, que se presentó a finales del año pasado, ha trascendido tras un informe de fiscalización realizado por el Tribunal de Cuentas sobre las contrataciones realizadas por la Seguridad Social en 2018, entre las que se encuentra la construcción de una nueva sede en Jerez que aglutinará en un  mismo espacio todas las sedes que ahora tiene en la ciudad (en las calles Eguilaz y Ancha).  

El Instituto Nacional de la Seguridad Social comenzó las obras de su futura sede en la avenida de Arcos a mediados de 2018; sin embargo, pocos meses más tarde se vio obligada a pararlas cuando aparecieron en el subsuelo 12 tubos de fibra óptica y de cobre que había que desviar, una intervención que no estaba incluida en el proyecto de obras.  

Tras esto, la administración estatal alcanzó un acuerdo con las empresas de telefonía para proceder a retirar las conducciones, una intervención que, según se recoge en el informe del órgano fiscalizador, tuvo un coste total de 260.846,16 euros repartidos en 212.000 euros en abono a la empresa contratista de la obra, unos 38.000 euros de los gastos ocasionados por el desvío de la canalización y y 4.187 euros, como reclamación de responsabilidad por daños presentada por Telefónica a la Seguridad Social.  

En paralelo, los responsables del organismo estatal encargaron un informe jurídico para analizar la posibilidad de reclamar este importe al Ayuntamiento jerezano. La parcela en la que se construirá la nueva sede de la Seguridad Social en Jerez fue adquirida a la desaparecida Gerencia Municipal de Urbanismo en 2004. En su defensa, el organismo estatal alega que el Ayuntamiento le traspasó los suelos “libre de cargas” y nunca le informó de la existencia de estas canalizaciones. De hecho, apunta que, una vez paralizadas las obras, el Ayuntamiento le remitió un “certificado” en 2019 donde le apuntaba que era una canalización “antigua” y que no existía “registro alguno de expedientes para su ejecución ni modificación posterior”.  

“La Seguridad Social debería haber tenido una mayor diligencia” 

A pesar de ello, el Tribunal de Cuentas le reprocha al Instituto Nacional de la Seguridad Social en su informe este contratiempo ya que considera que lo habría podido evitar si hubiera tenido una “mayor diligencia” en la preparación del contrato. En el documento, hecho público a finales del pasado mes, el órgano fiscalizador resalta: “La entidad debía conocer la instalación de la canalización de los tubos en el terreno en el que, posteriormente, se ejecutaría el contrato de obra aquí analizado, pudiendo realizar durante la fase de previa de elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto una comprobación más exhaustiva de las circunstancias en las que se encontraba el solar, lo que habría evitado la necesidad de acordar posteriormente la suspensión de la obra”. 

De hecho, el Tribunal reitera que en 2017 se hizo el acta de replanteo del proyecto modificado de la obra donde se apuntaba la “viabilidad del proyecto” y que no existía “ningún impedimento físico para la iniciación de las obras, una vez se haya procedido a la ejecución de las mismas”.   

Ante esto, en el periodo de alegaciones previo a la publicación del informe, el Instituto Nacional de la Seguridad Social esgrimió que, cuando adquirió el solar, la GMU lo transfirió “absolutamente libre de cargas, arrendamientos, servidumbres y gravámenes”. Por ello, explicaba que no fue hasta que se iniciaron las obras y se procedió al “vaciado de la parcela para la ejecución del sótano” cuando pudo detectarse la canalización enterrada que impedía que pudiera construirse parte del muro del edificio. 

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas considera que no está suficientemente justificada en el expediente la construcción de una nueva sede, que tendrá un coste de unos 4,5 millones de euros. En este sentido cuestiona no ya la inversión, sino que no se aporte la documentación necesaria que sustente el coste.

Actualmente, las obras, que tienen un plazo de ejecución de 28 meses, se han retomado.