El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, acudió a declarar ante el tribunal quede la pieza política de los ERES en calidad de testigo a petición de la acusación popular que ejerce el PP. 

En declaraciones posteriores a su intervención ante el tribunal, el vicepresidente de la Junta de Andalucía recordó que lo que se pretende con este interrogatorio es que "yo pasara por la sala de la Audiencia en una estrategia política que siempre pasa factura al PP porque no es de recibo hacer pasar a la gente por algo que ni siquiera el Ministerio Fiscal me ha preguntado". Además afimó que el PP le había traído "a hacer este paseíllo "de una manera infame".

Jiménez Barrios mostró su sorpresa ante el hecho de que en su comparecencia ante el Juzgado de Instrucción "que duró tres minutos" el PP no preguntó y "ahora me pregunta por un asunto de 24.000 euros de hace 15 años".

En cuanto al caso de los ERES explicó que espera "que haya un veredicto lo más rápidamente posible". En este sentido, expresó su confianza en la "inocencia de los presidentes y la honestidad de las personas que han estado en la presidencia de la Junta de Andalucía".

Sobre la coincidencia en los tiempos con una posible convocatoria de elecciones, respondió que el gobierno autonómico actual " no estaba en ese momento". 

Durante el interrogatorio ante el Tribunal, el vicepresidente respondió a las preguntas del letrado del PP sobre una subvención que, siendo él alcalde de Chiclana, hace 15 años, le otorgó la Delegación Provincial de Empleo de Cádiz para la I Feria del Empleo y Comercio que se organizó en la localidad gaditana. 

Ante la exhibición en la sala de una carta donde se solicitaba la subvención, Jiménez Barrios explicó que era "una carta tipo que envió a diferentes estamentos e incluso organizaciones financieras donde se solicitaba ayuda económica". El letrado del PP preguntó al testigo además si realizó algún tipo de gestión con el delegado de empleo para obtener la subvención, respondió que habló "con quien hizo falta".

La ayuda de 24.000 euros, "fue concedida al ayuntamiento de Chiclana, que hizo el correspondiente traslado del dinero a la Asociación de Empresarios, que es quien organizó la Feria". El entonces alcalde de Chiclana y actual vicepresidente de la Junta de Andalucía explicó que el coste total de la feria de muestras fue de 300.000 euros. 

Asimismo, Jiménez Barrios explicó que la Junta de Andalucía emitió un expediente de reingreso de esta ayuda, al que hizo un recurso el ayuntamiento. "El contencioso terminó siendo ganado por el ayuntamiento, que actualmente gobierna el PP ", informó Jiménez Barrios.

El letrado del PP insistió durante la comparecencia del testigo, que apenas duró 15 minutos, si en su etapa como alcalde conocía la línea de ayuda del 31 L, a lo que respondió negativamente. Ante la insistencia del abogado de la acusación popular en el conocimiento que los parlamentarios tenían de este programa, Jiménez Barrios respondió que los parlamentarios que se encargan de cada ramo del Parlamento Andaluz en las diferentes comisiones "tienen el nivel suficiente de conocimiento para saber lo que hacen".

Llamada de atención por parte del juez

Durante el interrogatorio, el juez comninó al letrado del PP a que abandonara una "línea de interrogatorio irrelevante" ante una serie de preguntas que el abogado realizó al testigo. 

Amelia Martínez Sánchez

La siguiente testigo en tomar declaración fue Amelia Martínez Sánchez, auditora de la Cámara de Cuentas a propuesta del PP. En su testimonio explicó, entre otros asuntos, sus votos particulares tanto al borrador como al informe definitivo realizado por el organismo cuando estalló el escándalo de los ERES.

A preguntas sobre el informe y las investigaciones realizadas de la Cámara de Cuentas, Martínez Sánchez explicó que se detectó "menoscabo al ministerio público porque había determinadas causas con indicios de irresponsabilidad contable, algo que se remitió al Tribunal de Cuentas".

Por otro lado, a la testigo se le preguntó sobre si en los informes realizados a partir de 2013 sobre el análisis del origen y aplicación de fondos que recibía IDEA. Martínez Sánchez respondió que "se siguen detectando los mismos defectos porque se seguían realizando transferencias de financiación desde diferentes consejerías".