La Administración Federal de Ingresos  Públicos (AFIP) argentina realizó este viernes un importante operativo de  inspección en las redacciones de los diarios Clarín, Olé y La  Razón y otras empresas del grupo multimedios Clarín en la ciudad de  Buenos Aires. 

El operativo se llevó a cabo "con un despliegue intencionadamente  intimidatorio" de más de 200 inspectores, según denunció el  periódico. 

Fuentes de la AFIP afirmaron que el control al grupo de medios es  "un relevamiento de personal de rutina, similar a otros". 

La inspección impositiva y previsional se realizó en el marco de  la fuerte crítica del diario de mayor circulación del país al  proyecto de ley de servicios audiovisuales que presentó el gobierno  de Cristina Fernández de Kirchner, que proponer recortar los  oligopolios y monopolios mediáticos, entre otras iniciativas. 

"Clarín" también cuestionó la decisión de la Asociación del Fútbol  Argentino (AFA) de rescindir el contrato por los derechos de  televisación del fútbol con la empresa Televisión Satelital  Codificada, en la que tiene participación, para transferirlos al  Estado. 

"No puedo desvincular esto de todo lo que está pasando en las  últimas semanas con 'Clarín' y los demás medios de comunicacion",  declaró el gerente de comunicaciones externas del grupo, Martín  Etchevers. 

"No podemos dejar de señalar lo exagarado de este operativo, y en  el marco en el que se da cuando los ataques a Clarín son cosa de  todos los días", sostuvo el ejecutivo, en referencia a la campaña  lanzada contra el matutino con carteles difamatorios, presiones e  intimidaciones a algunos de sus directivos. 

El editor general del diario, Ricardo Kischbaum, declaró al canal  noticioso TN, que pertenece al grupo multimedios, que "este es el  famoso operativo de intimidación". "Me parece que esto tiene  claramente otro objetivo, que es el de intimidarnos y amenazar, de  manera virtual, nuestra libertad de expresión", aseguró. 

Los periodistas vincularon la inspección a una reacción del  organismo fiscal a la denuncia que publica hoy el diario en su tapa  sobre un "trámite irregular en un subsidio de diez millones de  dólares a una empresa sin habilitación" otorgado por la Oficina  Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA). 

Según la investigación del matutino, la ONCCA le otorgó el  subsidio a una empresa dedicada al engorde de ganado de la localidad  bonaerense de Carlos Casares que no contaba con permiso para operar y  a la que se le otorgó una matrícula provisoria después de recibir el  pago. 

El ente de control respondió con un comunicado en el que aseguró  que la empresa "se encuentra vigente en el padrón del organismo y que  el pago de la compensación se realizó con posterioridad al registro  de este feedlot en la ONCCA". 

"Esta confirmación, producto de un simple análisis interno, brinda  la certeza de que la información periodística fue maliciosa y  tendiente a confundir a la opinión pública. Resulta sospechoso ver  cómo en la crítica periodística la ONCCA pasó de ser un organismo que  no paga las compensaciones a uno que las paga compulsivamente, cuando  en realidad no son reales ninguna de las dos cosas", sostiene el  comunicado.