¿Cómo empieza todo? Quizá porque era el campo de los abuelos, que decidieron levantar una casita sin tener idea de lo que eso suponía y porque, bueno, por qué no. Porque todo el mundo tiene derecho a una toma tierra, a respirar un poco fuera de estas celdas en las que nos condenan. Qué mal puede hacer.

O lo mismo lo mío es un casoplón. O lo mismo es que no tengo otra, y llego hasta aquí arrastrado por la marea de viviendas imposibles: al menos, toco verde; o respiro mar. O lo mismo soy un guiri que creí hacer el negocio de cuentas de colores de mi vida al comprar una casa en el paraíso y oh, sorpresa.

Desde Sevilla, Juan Antonio Morales, de Ecologistas en Acción, piensa que el problema de las viviendas irregulares es un ejemplo de “fracaso como Estado”. En Andalucía, se maneja una cifra de 300.000 viviendas en esta situación. Pero los datos que hay al respecto crujen, entre otras cosas, porque son los mismos que se llevan dando desde hace quince años, ya que no existe una actualización del número de casas irregulares en la comunidad autónoma.

“Y eso que son datos de la época del parón del ladrillo –comenta Morales–. En la última década, el acelerón ha sido tremendo, y sin respetar ningún tipo de suelo. Ahora mismo, se producen parcelaciones que en uno o dos meses tienen montada la vivienda prefabricada, de pequeño tamaño. ¿Cómo pasa por el notario? Pues pasa. Como mucho, aunque tengan interés, los ayuntamientos son ineficaces al respecto”.

Y esto se debe, asegura el ecologista, a que “es un buen negocio al que se dedica toda una red corrupta, incluidos funcionarios. Con decirte que el primer plan especial de esta índole en Sevilla lo desarrolló un empresario para encauzar un proceso judicial”.

Planes especiales, hablemos. Este año, la Consejería de Fomento ha convocado, y concedido, distintas ayudas a nivel administrativo para dar inicio a la redacción de planes especiales para viviendas en situación irregular (con una cuantía individual de 10.000 euros) dirigidas a Ayuntamientos y asociaciones de vecinos. En la provincia, los agraciados han sido los ayuntamientos de Barbate, San Roque y Sanlúcar, así como asociaciones de vecinos en Chiclana.

De la nebulosa cifra de 300.000 viviendas, se cree que unas 15.000 (¿quién sabe?) integran el diseminado de Chiclana. Una patata caliente a nivel de urbanismo, fuera del urbanismo, que termina manifestándose en la forma de falta de servicios y vecinos que se sienten desamparados. Ocurre que el agua, a diferencia de establecer una política de hechos consumados a nivel residencial, sí es un derecho humano, por ejemplo. Ocurre que el suelo, los acuíferos, los problemas de acceso y comunicación, se convierten en problemas de calado sanitario y social cuando nos juntamos varios.

De hecho, el impacto medioambiental y la seguridad vial han sido las principales alegaciones de la Junta a la hora de poner en marcha estas medidas. No es de extrañar que José María Román, el alcalde de Chiclana, piense que estos primeros pasos indican “el camino a seguir, sí o sí”.

La afección medioambiental es una forma disimulada de hablar, muy especialmente, del agua. Una cuestión en la que Chiclana ofrece casos paradigmáticos: zonas como Pago del Humo y Marquesado, en déficit hídrico crónico, con pozos esquilmados y un escenario que ha dado lugar a que el agua adquiera condición de negocio. Son algunas de las zonas, recuerda el responsable chiclanero, con obras aún pendientes de ejecución por parte de la Junta, desde los tiempos del estallido de la burbuja.

Un chalé en el acantilado de Roche.

Aun así, admite Román,“el actual planteamiento es más coherente con lo que existe y puede permitir que, en el futuro, el suelo rústico pueda calificarse como urbano”. Sentir parecido muestra el presidente de la Federación del Extrarradio de Chiclana, Joaquín González, que apunta que “desde que se modificó la LISTA, hemos visto algo de color, porque hacía décadas que nadie hacía nada”, aunque añade que siguen siendo “el caballo del malo”: “Todo el mundo puede decir que está de acuerdo con un plan especial, pero lo mismo el técnico dice que el punto de agua está a 40 km, y entonces qué”.

La solución de los planes especiales acoge alcantarillado, alumbrado y comunicación, pero los suelos no constan como urbanizados porque no se contempla la cesión del 10% de aprovechamiento, ni la creación de equipamientos y distintos estándares viarios. Esta tercera vía deja, también, el coste de las mastodónticas obras en manos de particulares.

“En estas iniciativas, estaría bien saber cuántos vecinos lo piden y cuantos llegan al final, porque luego entran en juego muchas administraciones, Costas, Medio Ambiente… –puntualiza Joaquín González–. Así que, tenemos al menos dos o tres años hasta que salga el plan y luego que el 100% de los vecinos quiera pagar. Habría que preguntar al ayuntamiento con qué tipo de financiación se contaría, porque una parte podría salir de los sistemas generales”.

DISCIPLINA URBANÍSTICA INEFICAZ

Para el portavoz, una solución podría ser que se creara un equipo fijo desde los propios consistorios, que incluyera técnico municipal, arquitecto, abogado e ingeniero: “El preestudio para saber si los trabajos son factibles o no, se te lleva unos 8.000 euros de media”, ejemplifica. La implicación municipal repercutiría a medio plazo, ya que “es dinero que va a entrar en el municipio”, asegura González.

Aun así, el portavoz piensa que la amplía mayoría de los habitantes afectados por los problemas de suministro y acceso en el diseminado estarían dispuestos a manejar una solución, “entre otras cosas, porque no hay otra salida”, reconoce. Para José María Román, entre los plazos administrativos y el término de la ejecución podemos estar hablando de “siete u ocho años, que es un plazo más que razonable para ir planteándose el pago”.

El alcalde de Chiclana calcula que habrá de 1000 a 1300 viviendas que no pueden acceder a servicios directos a pie de parcela, “a las que se va a invitar a que se conecten a la red para evitar la contaminación del acuífero”.

“Hay diferentes colectivos que necesitan tener agua y moverán más el tema, otros no lo necesitan tanto, y ahí sí tienen la posibilidad de hacerlo individualmente –continúa Joaquín González–. Al respecto, creo que no estaría de más realizar una campaña de concienciación desde Urbanismo, por parte del ayuntamiento. Porque, si no hay colaboración municipal, se va a quedar en papel mojado”. En total, calcula que serán unas 6.000 viviendas las que podrían acogerse a los planes especiales.

“En el extrarradio de Chiclana hay un déficit brutal de infraestructuras porque no ha habido inversión en muchísimo tiempo –subraya–. Bajo la definición de que son ilegales, se ha mirado para otro lado, y ese limbo es al que se está intentando dar una vuelta, porque hay vecinos pagando el IBI y viviendo de forma habitual”.

“Hay que entender el problema humano, sí –intercede Juan Antonio Morales–. Pero por eso mismo, lo principal es que la mancha no siga creciendo. Lo que estamos viendo es una vergüenza nacional, sobre todo, teniendo en cuenta que hay medios y medidas, porque en otros lugares del país (Galicia, por ejemplo), se está haciendo”.

“La prioridad –desarrolla– no debe ser solucionarle la vida al que ha incumplido la ley, sino proteger lo común. Cuanto más dinero te gastes en regularizar, más efecto llamada haces. Con estas medidas (que además son injustas, teniendo en cuenta que en el mapa de las viviendas irregulares hay muy distintos ingresos), en diez años tendrás el doble de problemas. Y, de hecho, lo que nos preocupa, no son las viviendas que están, sino las que vienen: la ilegalización de una casa de hace veinte años es secundario. El problema es que hay otra construyéndose al lado”.

De forma que, medidas analgésicas aparte, la bola de nieve sigue creciendo porque nadie pone pie en pared. ¿Exageración? En uno de sus últimos informes al respecto, el Defensor del Pueblo señalaba que lo ideal para tratar la problemática de las viviendas irregulares era la vía preventiva, no punitiva. Pero también manifestaba que, en la actualidad y en Andalucía, la “impunidad era la regla” y que la “disciplina urbanística no terminaba de ser eficaz”, con el consiguiente deterioro del patrimonio natural. Una inercia que seguiría así, advertía la institución, mientras no se llevaran a cabo medidas como unificar competencias entre administraciones.