Provincia de Cádiz

Piden cuatro años y medio de cárcel para una ex edil del PSOE de Chipiona

  • El fiscal le acusa de dictar 104 resoluciones spbre luz y agua a construcciones ilegales

La sección Cuarta de la Audiencia Provincial juzgará el próximo lunes a la que fuera concejala delegada de Obras y Servicios del equipo de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Chipiona, Margarita Lorenzo, a la que el fiscal acusa de dictar de "manera arbitraria" hasta 104 resoluciones para posibilitar el servicio de agua o luz a construcciones enclavadas en suelo no urbanizable entre 2006 y 2008. El Ministerio Público pide tanto para la ex edil como para el encargado de obras y servicios municipales del Ayuntamiento en ese momento 4 años y 6 meses de prisión así como la inhabilitación para el ejercicio de cargo público por 10 años y un día por dos delitos de falsedad de documento oficial y de prevaricación. Lorenzo renunció al acta de concejal en 2009 por motivos "laborales y personales".

Según la calificación del fiscal, entre julio de 2006 y mayo de 2008 la edil dictó más de cien autorizaciones para que por parte de las empresas suministradoras de agua potable y electricidad se procediera a prestar dicho servicio a construcciones enclavadas en suelo no urbanizable, para la que en muchos casos se habían incoados expedientes sancionadores. Sin embargo, en las resoluciones se expresaba que "por parte del Ayuntamiento no existía inconveniente alguno en que se suministrara agua potable, energía eléctrica o ambas cosas". Tales autorizaciones -explica el fiscal- se refieren a parcelas, construcciones y edificaciones en diversas zonas del término municipal de Chipiona.

"Las resoluciones se dictaban sin tramitar ningún expediente, sin contar con informe jurídico que avalase dicha actuación y contando únicamente en la mayoría de los casos con un informe tipo en cuya elaboración participaba Margarita Lorenzo y el encargado de obras y servicios municipales también acusado", manifiesta la Fiscalía. En ellas, "de forma estereotipada se aludía a la supuesta escasez de recursos económicos de los solicitantes, su situación social difícil, a supuestas situaciones de insalubridad higiénico sanitaria o a un supuesto nuevo desarrollo urbanístico de la zona que manifestaba en todos los casos "que me consta que se encuentra en vías de solución".

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