Entre los cerca de 30 procesados por el caso de venta de datos confidenciales obtenidos supuestamente por agentes de Policía de las Comisarías de El Puerto y de Jerez, se encuentran al menos una empresa de Burgos y tres de Málaga. Estas firmas al parecer habrían pagado por las informaciones reservadas obtenidas, tanto por los policías como por el funcionario de la oficina del Instituto Nacional de Empleo (Inem) de El Puerto que se vio igualmente involucrado en el entramado.

La investigación, dirigida por el titular del Juzgado 3 de El Puerto, Miguel Ángel López Marchena, determinó que los funcionarios policiales destinados en las salas del 091 de las comisarías portuense y jerezana obtenían información reservada de los datos de la Policía, que vendían a dos empresas de Jerez.

Los gestores de ambas, que fueron arrestados junto con los agentes en febrero de 2001 por parte de policías de Asuntos Internos de Madrid, y enviados a prisión, se encargarían de comercializar esa información a entidades bancarias y a las tres empresas malagueñas y la burgalesa.

"Idéntico destino" darían los jerezanos a los datos que les facilitaba el jefe de área de las dependencias estatales de empleo portuenses, que fue detenido tres meses después, en mayo de 2001: esto es, revenderla a las empresas de esas dos provincias y a entidades bancarias de toda España.

Y estarían "unos y otros concertados", se recogía en un escrito del juez Marchena, precisamente el remitido al Tribunal Supremo, en abril de 2006, por la cuestión de competencia suscitada al rechazar los Juzgados de Málaga y Burgos la inhibición del magistrado portuense para investigar el asunto. Una cuestión que, seis meses después, el TS resolvió determinando que era el juez de El Puerto el encargado de continuar investigando todo el entramado.

La investigación fue deparando nuevos implicados, hasta el punto de que en el asunto han llegado a estar imputadas más de 150 personas. Todas ellas habrían ido prestando declaración, engordando un caso que ya va por los doce tomos y las sesenta cajas de documentación.

Por fin, una década después, las diligencias están prácticamente finalizadas, habiendo ya dictado el juez el auto de procesamiento contra algo menos de 30 personas (entre agentes de Policía, funcionarios públicos, empresarios y trabajadores de bancos), contra las que sí se habría considerado que se contaría con pruebas e indicios suficientes de su culpabilidad en la compleja organización dedicada a suministrar a entidades bancarias informaciones reservadas de ciudadanos que requerían préstamos.

Cabe recordar que tanto el funcionario del Inem como los dos policías, contra los que se dictó libertad bajo fianza de un millón de pesetas, a raíz de su detención, fueron suspendidos de empleo y sueldo. La situación del agente que trabajaba en la sala del 091 de la Comisaría portuense llegó a ser dramática, lamentaron en su día personas de su entorno a este diario, habida cuenta que, para hacer frente a la fianza, hubo de presentar en el Juzgado las escrituras de la vivienda familiar, al no disponer de fondos.

Este agente reconoció durante su declaración ante el magistrado haber "vendido" datos, pero siempre negó que fueran confidenciales. Al parecer, sí habría facilitado matrículas de coches de ciudadanos que requerían préstamos y otros datos (que comprarían los empresarios jerezanos, para revenderlos a bancos y a las otras firmas involucradas en el entramado), aunque siempre negó que fueran datos reservados, al considerar que eran públicos. Habría avalado su tesis aduciendo que por las informaciones habría percibido ínfimas cantidades (unas 275 pesetas por los datos de cada persona).

Poco después de su imputación en sendos delitos de cohecho y revelación de datos, comenzó su imparable deterioro físico, provocado por una insuficiencia cardiorrespiratoria que deparó su baja médica y su jubilación anticipada. En julio de 2003, falleció.