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Las granjas avícolas en Cádiz, ante la incertudimbre de la nueva normativa europea

En principio, a las granjas extensivas en semilibertad apenas les afectaría el cambio en la regulación. En principio, a las granjas extensivas en semilibertad apenas les afectaría el cambio en la regulación.

En principio, a las granjas extensivas en semilibertad apenas les afectaría el cambio en la regulación. / Lourdes de Vicente

Escrito por

· Pilar Vera

Redactora

Durante las últimas semanas, entre el sector avícola y entre los consumidores ha empezado a surgir preocupación por el posible aumento del precio, tanto carne de pollo como de los huevos, a causa de la futura regulación que se contempla desde la Unión Europea. Aunque aún no hay nada establecido de manera formal, apuntan desde ASAJA, sí que se vislumbra por dónde pueden ir las medidas.

Por ejemplo, hace unos días, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea llegaban a un acuerdo provisional de medidas más restrictivas para fijar nuevas normas que reduzcan las emisiones contaminantes en la UE y, entre ellas, se incluirían las que generan la ganadería intensiva de aves y porcino. Aun así, largo lo fían: Consejo y Parlamento han acordado ajustar ciertos umbrales para la cría de animales, que abarca a las explotaciones intensivas con 300 cabezas para cerdos y 280 para aves de corral (300 si son gallinas ponedoras) y 350 animales para granjas mixtas, con normas que se aplicarán de manera progresiva a partir de 2030 y empezando con las granjas más grandes. Explotaciones extensivas y de uso doméstico quedarían exentas.

Tampoco hay nada cerrado en lo referente a la próxima ley europea de bienestar animal, aunque según los parámetros que se han estado discutiendo, la nueva Normativa Europea Reguladora del Modelo de Producción de Carne obligaría a reducir el tamaño de algunas producciones hasta en dos tercios en granjas de engorde convencionales, limitando la proporción a 11 kilos por metro cuadrado. Medidas parecidas se establecerían para las gallinas ponedoras.

En principio, si los números son estos, a explotaciones extensivas en semilibertad como Loma Verde no les afectaría. La finca está, de hecho, en proceso de concesión de sello ecológico pero la explotación, apunta Marisa Cantero, no lo es, “debido al tipo de pienso, principalmente. Pero luego piensas... y resulta que la mayor parte, cuando no totalidad, del pienso ecológico llega de China y demás, con lo que el impacto a nivel de transporte es mucho mayor”. “Y no habría que extrañarse– añade Eduardo– que te autoricen a tirar de pienso convencional si no te llega el otro, ¿qué vas a hacer, si no, que los animales se mueran?”.

A Loma Verde no le afectará, pero a granjas intensivas o de gran cantidad de producción –en la provincia, hay una por ejemplo en Villamartín– las tocaría sin remedio. Actualmente, con la normativa española, reseñaba COAG, una “granja de 1.800 m2 tiene una capacidad para 33.000 pollos. Según el estudio de la EFSA, esta pasaría a tener una capacidad de 11.000 pollos para que no se pasara de los 11kg/m2, con un impacto de pérdida de 22.000 plazas de pollos. El impacto económico, a precios actuales, sería de una bajada de una tercera parte de los ingresos para el granjero”.

A nivel de precio, ejemplificaban, frente a los 3,25 euros que puede costar actualmente un pollo entero, con la supuesta futura normativa el precio de la unidad podría llegar a los 9,75 euros, “casi al mismo precio que el pollo campero”: algo que marcaría tendencia en el mercado.

Marisa se encoge de hombros:“Es un dilema, porque la gente tiene que comer. Si la tendencia es esa, a nosotros nos viene bien, porque no es tan exagerada la comparativa”, reflexiona. Las aves de Loma Verde se despachan a 90 euros el capón y a 54, la pularda. Teniendo en cuenta todo lo que supone la crianza del animal, que llega a “tu puerta perfecto y envasado”, y que no es algo que se coma todos los días, “el precio está ajustado”, considera.

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