Libertad de prensa en España: de 1810 a nuestros días

EL 10 de noviembre de hace 200 años las Cortes Generales y Extraordinarias de la Real Isla de León aprobaron la primera Ley de libertad de imprenta del mundo. La celebración de ese Bicentenario nos da pie a repasar cómo está la libertad de prensa en nuestros días y sus libertades fundamentales derivadas: la libertad de expresión y la libertad de información.

Aquella gaditana Ley se adelantó a los legisladores de todo el mundo. Ni la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, ni la Constitución Americana llegaron tan lejos en la promulgación de las libertades. En la primera no existía y en la segunda sólo se introdujo tímidamente cuando el Congreso norteamericano aprobó el paquete de las diez primeras enmiendas unos años después.

Aquel histórico texto, anterior en dieciséis meses a la Pepa, contenía, en sus veinte artículos, una modernísima normativa legal que daba el derecho de impresión a cualquier ciudadano y eliminaba todos aquellos privilegios reales, eclesiásticos y estatales, con nombres de licencia o nihil obstat. Recordemos que la ley gaditana fue el Decreto IX de aquellas Cortes y se llamó 'Libertad política de Imprenta'.

El convulso siglo XIX español trajo sucesivas marchas atrás y adelante en los derechos cívicos, entre los que estaban los de expresión. Y en los inicios del siglo XX, ya consolidados como derechos los de libertad de prensa y expresión, sólo las etapas dictatoriales pusieron trabas a estas libertades, que terminaron, tras el segundo período republicano, y la guerra civil, en la supresión de todas ellas.

El período de oscuridad absoluta del franquismo nos hizo ciudadanos de tercera en cuanto a estos derechos y libertades por cuatro decenios: control absoluto del derecho de prensa e imprenta, censura previa, establecimiento de cadenas de medios oficiales en muchos casos monopolísticos, prohibición de difundir información en los medios radiofónicos privados, y hasta voladura controlada de algún medio díscolo.

El símbolo legal de aquella época - en contraposición al símbolo liberalizador del Decreto de 1810 - fue la posterior Ley de Prensa, que se conoce por el nombre de su impulsor, Manuel Fraga. Una Ley nunca derogada, aunque en la práctica ya no pueda esgrimirse en ningún caso, pero que ha quedado en la historia como el último recuerdo de aquellos tiempos de prohibición y restricciones.

La democracia nos trajo una Constitución liberal 166 años después de aquella Pepa, con un artículo 20 que recuperaba para los españoles los derechos que le daban el Decreto de 1810. Con ella, se acaba con la censura de cualquier tipo, se fundan o refundan los diarios actuales, se desarrollan los medios audiovisuales y el ciudadano tiene conciencia de que es libre de expresarse y también acreedor del derecho a ser informado.

Bien es cierto que los derechos y libertades ciudadanas relativos a la información sufren nuevos ataques y tienen nuevos peligros. La concentración de medios, el monopolio, la ideologización de los medios, los riesgos del multimedia, los fraudes informativos…Y, también, la precariedad laboral de los informadores.

Por contra, la tecnología y el efecto globalizador han venido a suponer un contrapeso a estos riesgos y peligros para las libertades de información: las redes, los blogs, la participación ciudadana e interacción en los medios, dan una nueva luz y soporte a las aspiraciones de los ciudadanos españoles de hoy a estar informados fielmente, a ejercer su función de control, a expresar sus opiniones y a ser parte del mundo informativo global que nos rodea. Justo lo que querían nuestros abuelos de aquel 1810 que fueron pioneros de la libertad de imprenta en el mundo.