El éxito y el progreso económico de un territorio no es lineal y, menos aún, irreversible. En los países y regiones sucede lo que reza el clásico aviso de los productos financieros, “rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros”. Conviene recordar que, hasta la segunda mitad del siglo XIX, tras Madrid y Cataluña, Andalucía encabezaba el ranking de prosperidad regional. Nada, a priori, impide revertir nuestra manifiestamente mejorable posición actual, aunque tampoco existen palancas naturales que vayan a propiciar la deseada convergencia.

De hecho, el progreso socio económico es una receta cocinada a fuego lento y con múltiples ingredientes que, para mayor complicación, su número no para de crecer. Ingredientes, en forma de calidad tanto de los factores productivos como del marco institucional, que acaban actuando como verdaderas condiciones necesarias, pero no suficientes. Es decir, debemos conjugar todos estos factores, sin casi excepción, o el progreso será intermitente, por no decir esquivo.

De hecho, tras la Covid, esta premisa se acentúa ante un nuevo escenario: un mundo en permacrisis, entendida como un largo periodo temporal de inestabilidad e inseguridad, como consecuencia de eventos adversos, entre los que se puede destacar, tras la pandemia, la Guerra de Ucrania, la inflación o la emergencia climática, ahora en forma de sequía y temperaturas más extremas en la cuenca mediterránea. Un mundo obstinado en ofrecer desagradables evidencias empíricas para constantemente refutar al negacionista más empecinado.

De este modo, los nuevos desafíos llegan sin que dé tiempo a resolver los anteriores, como es el caso de los efectos de la citada Guerra de Ucrania, sobre un mercado eléctrico ya tensionado por el aumento del precio del gas, especialmente desde junio de 2021, y que, con el sistema de precios marginal, acabó diseminando la inflación por toda nuestra economía.

Este mundo estresado post Covid demanda nuevas capacidades estratégicas a los territorios para hacer frente a estos retos. Más aún cuando los acontecimientos recientes nos muestran que nuestros tradicionales proveedores energéticos pueden acabar siendo nuestros adversarios en el campo de batalla o que, en situaciones de emergencia, las disrupciones en las cadenas de suministro llevarán a la escasez de todo tipo de elementos, desde los sanitarios, imprescindibles en pandemia, hasta los omnipresentes chips, materia prima insustituible en toda cadena de producción industrial.

Para un territorio como Andalucía, meridional y periférico, dos de estas capacidades estratégicas sobresalen, “agua y energía”, que se conjugan para formar el grito de progreso de las modernas zonas agrícolas del siglo XXI, y que, gracias al progreso económico, ya no son los parajes depauperados en los que se gestó el grito revolucionario mejicano de “tierra y libertad”.

“Agua y energía” conforman un binomio estrechamente vinculado, ya que, si la pluviosidad se vuelve más esquiva, los trasvases serán más cicateros, por lo que el agua tendrá que obtenerse del suelo y no del cielo. En este escenario, los mares y los sistemas de alcantarillado acabarán siendo fuentes complementarias de agua, especialmente para usos no directamente relacionados con el consumo humano, como los agrícolas, industriales o turísticos, lo que a su vez exigirá ingentes cantidades de energía renovable para desaladoras y depuradoras.

En resumen, la promoción de energías baratas y sostenibles, como actualmente nos ofrecen las renovables, se transforma en una garantía, no sólo para no acabar retrocediendo en nuestro nivel de bienestar actual, sino para aspirar a mayores cotas de desarrollo. De hecho, la abundancia energética se antoja necesaria para poder optar a revertir la secular desindustrialización de nuestra tierra. Un objetivo frecuentemente anhelado, pero siempre postergado.

Existen precedentes alentadores, como la convergencia real, en los últimos años, de los estados del centro-sudeste de Estados Unidos, desde Texas a Virginia, en empleo industrial respecto de los tradicionalmente más industrializados estados del medio oeste, como Ohio, Michigan o Wisconsin, recientemente analizada por The Economist. Entre las razones que lo explican encontramos desde reformas administrativas en los antes citados estados del sur, para facilitar la implantación de grandes proyectos industriales, hasta un mayor compromiso del Gobierno Federal con el Sur, en forma de mayores subsidios industriales para facilitar la convergencia, lo contrario que estamos haciendo en España con los PERTEs, en los que prima el carácter defensivo, es decir, ayudar a las zonas ya industrializadas, frente a las más rezagadas. Pero, también han influido favorablemente los menores costes energéticos de los estados sureños, un 20% por debajo de los estados del medio oeste, junto con una mayor proporción de renovables en el mix energético, siendo este un aspecto crecientemente valorado por aquellas empresas que desean fundamentar su desarrollo en una visión más sostenible de sus procesos productivos.

Andalucía está aumentando su atractivo competitivo en el ámbito de las grandes plantas de energías renovables, fotovoltaicas y eólicas, siendo aún más reseñable que se haya producido sin un empleo significativo de los cada vez más disputados recursos públicos, ya que las mismas son financiadas por capital privado. Desde 2019 su crecimiento ha sido exponencial en base también a una cada vez más eficiente gestión de su tramitación administrativa desde el gobierno regional. Los datos son elocuentes. En estos últimos cuatro años, 2019-2022, la potencia instalada procedente de fuentes renovables se ha multiplicado, al instalarse casi 4100 MW, es decir, más de mil MW al año. Frente a estos datos, en el período 2010-2018, ese promedio anual fue de 187,2 MW, menos de la quinta parte del actual.

Aun así, estamos obligados a crecer más rápido para revertir nuestro tradicional déficit en generación de energía y, sobre todo, para llegar a la siguiente estación del tren del progreso, es decir, convertir esa posible futura fortaleza en un arma que permita una mayor diversificación industrial en nuestra región.

Las grandes plantas, con la tecnología actual, son la única garantía para ofertar energía a precios razonables y estables a largo plazo, tanto para la población, independientemente de su nivel de renta, como también para los agentes económicos presentes, a la vez que se desarrolla capacidad excedentaria para alimentar aquellos nuevos grandes proyectos que podamos atraer. Proyectos que pueden surgir con procesos productivos electro intensivos, que van desde el hidrógeno verde, al mantenimiento y backup de los servidores de las grandes plataformas, pasando por las fábricas de baterías y otros componentes para los coches eléctricos.

La alternativa a las grandes plantas es la apuesta por el autoconsumo, verdadero sálvese quien pueda, al estar especialmente destinado para aquellas economías domésticas de rentas medias y altas, que verán sus decisiones generosamente cofinanciadas, de forma regresiva, por sustanciales cantidades de dinero público, mediante subvenciones y deducciones fiscales, para la instalación de placas solares o carpintería metálica de alta gama en viviendas y edificios residenciales.

Para ello, debemos trabajar sobre el cuello de botella que supone la restringida y muy especulativa capacidad de desagüe de la Red Eléctrica española, diseñada para llevar electricidad a las principales poblaciones y centros productivos, y no para facilitar la generación de renovables en aquellas zonas interiores donde el terreno es abundante y barato. De hecho, en Andalucía, el eje Caparacena-Baza-La Ribina es buen ejemplo de la accidentada y truculenta expansión de nuestra red.