Parece que ya no peligra el millonario contrato de Navantia con Arabia Saudí para la construcción de corbetas que garantiza carga de trabajo en los astilleros de San Fernando para varios años. Al menos, ha servido para algo la desautorización del presidente Sánchez a la ministra Robles. Ahora bien, más allá de las rectificaciones, ha vuelto a corroborarse el discurso hipócrita que la clase política mantiene sobre la industria armamentística en España. Nos guste o no, somos uno de los países que más exporta del mundo, una actividad que genera una gran cantidad de puestos de trabajo y no podemos obviar el impacto económico que generan instalaciones como la Base Naval de Rota en su entorno. Por lo tanto, ¿dónde ponemos el límite? ¿A quién le podemos vender y a quién no? ¿Cualquier acuerdo es bueno mientras garantice muchos puestos de trabajo? La respuesta a estas preguntas varía según interese al gobierno de turno, tal y como ha quedado demostrado con las famosas bombas y el daño colateral de las corbetas.

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