Adolph Wagner, hacendista alemán del siglo XIX, le llamaba la atención que la elasticidad del gasto público respecto del PIB fuese superior a 1. Lo que quería decir es que, según las estadísticas, el gasto público aumenta más rápidamente que el producto nacional (el PIB). Según esta ley, la demanda de servicios públicos se comporta como la de bienes de lujo y explica el hecho contrastado de que el tamaño del sector público es mayor en los países desarrollados que en los atrasados. Las sociedades avanzadas demandan bienes y servicios complejos que por razones de eficiencia se producen en forma de bienes públicos o colectivos (un aeropuerto, la administración de un espacio protegido o la simple iluminación de una calle), mientras que en una sociedad atrasada la prioridad es la satisfacción de otras necesidades más inmediatas.

La Ley de Wagner proporciona interesantes perspectivas para la valoración de la realidad política actual. Nos advierte, por ejemplo, de los matices entre diferentes conceptos de gasto público y, en particular, de la conveniencia de equilibrar la demanda de gasto estrictamente social, con la de mayor bienestar y con la de equipamientos y servicios que afectan a la competitividad. España está, a pesar del alarmante aumento de la desigualdad durante la pasada década, claramente posicionada en el bloque de países desarrollados, lo que obviamente exige una ponderada definición de estos tres conceptos de gasto público.

También ofrece una explicación al éxito electoral de la derecha durante las fases críticas del ciclo, cuando se impone la prudencia en la gestión del gasto público, frente al de la izquierda en las de expansión, cuando la demanda de servicios públicos (bienestar) aumenta impulsada por el crecimiento de la economía.

Por otro lado, la perspectiva de Wagner permite presentar la descentralización administrativa como una característica propia de sociedades avanzadas, que entienden que la proximidad del administrador redunda en mayor bienestar para el ciudadano. Conviene apuntar, en este caso, que los imprescindibles mecanismos de control y coordinación resultan difícilmente compatibles con el marco de negociación bilateral que el nacionalismo vasco y catalán exigen al gobierno, si en el mismo se incluyen cuestiones que interesan al conjunto las comunidades autónomas.

En el nacionalismo, incluido el español, se mezclan ideologías y emociones. Siempre que las primeras prevalezcan sobre las segundas, será posible la coincidencia de las estrategias políticas, como ocurriera con el nacionalismo de derechas (CiU y PNV) durante el pasado siglo. En un contexto de administración responsable de las emociones, la tesis de Wagner (el gasto público para la mejora del bienestar está en el centro de la negociación) adquiere pleno sentido. Cuando el componente emotivo o de pertenencia se impone sobre el ideológico pueden aparecer demandas como la de autodeterminación. Sus defensores sostienen que la democracia avanza cuando satisface a quienes quieren ver reflejados sus sentimientos en las estructuras políticas, ignorando sus nocivos efectos, por excluyentes, sobre los cimientos mismos de la democracia.