La izquierda lleva años acusando a la derecha de homófoba e intolerante, más aún estos estos días en los que se conoció el caso de un joven agredido salvajemente en Malasaña por un grupo de ultras encapuchados. Era mentira, nadie de los que arremetieron contra la derecha pidió disculpas, y mucho menos perdón.

El PP pide el cese del ministro Marlaska, aunque tampoco es para eso; pero qué menos que unas palabras de contrición por los ataques exacerbados a PP y Vox. Marlaska se defiende diciendo que no se pueden banalizar las agresiones homófobas, y tiene razón, pero lo ocurrido abunda en la idea de que este Gobierno y quienes lo apoyan exageran la nota sobre el racismo y la homofobia que supuestamente afecta a la derecha española. Sin embargo, esos dos sentimientos absolutamente rechazables, ni son tan habituales como pretende la izquierda ni, desde luego, son señas de identidad de quienes no les votan. Quizá existieron en días afortunadamente lejanos, y no sólo en sectores de la derecha, pero hace mucho tiempo que la sociedad española es tan tolerante, o incluso más, que la de los países de nuestro entorno.

Lo que ocurre ahora de forma exagerada es que la izquierda pretende apropiarse de la defensa de determinados valores y reparte carnets de quienes son ciudadanos ejemplares y quienes deben ser enviados a los infiernos. Ellos deciden además cuáles son esos valores. Por ejemplo, dedican las descalificaciones más soeces a quienes no aceptan la visión de Montero respecto a los transexuales o la autodeterminación sexual, a pesar de que desde el propio Gobierno destacados socialistas se muestran absolutamente disconformes con las iniciativas de una ministra que pretende echar abajo conceptos clave para las feministas que han luchado y siguen luchando por la equiparación de los derechos de mujeres y hombres. Lo que no tiene nada que ver con lo que defiende una Irene Montero que de igualdad sabe lo mínimo, y está volcada en defender fórmulas de sexualidad y de comportamientos sexuales que en muchos casos no necesitan defensa porque ya son aceptados social y jurídicamente.

Es irritante la actitud con la que este Gobierno pretende defender la igualdad. Cualquier agresión, la que sea, la llevan al terreno de la intolerancia ante la diversidad sexual, mientras se muestran menos inquietos ante el incremento de la violencia a menores, a indigentes o a mayores. Con el caso Malasaña parece que algunos miembros de la izquierda disfrutaron porque se cargaban de razones para presentar como feroz a la España conservadora. Y hasta se les ve decepcionados porque el denunciante homosexual no fue agredido.