LA juez Mercedes Alaya, erre que erre con el ERE que ERE, ha dado un salto cualitativo en la instrucción del caso de los casos: pasa a determinar -o intentarlo- la participación en el fraude de los expedientes de regulación de empleo subvencionados por la Junta de personas que "habrían permitido este uso indebido de las transferencias de financiación, con las consecuencias del dispendio continuado de fondos públicos".

Así lo afirma la juez en el auto que dictó ayer, imputando a dieciocho cargos o ex altos cargos del Gobierno andaluz y dos ex interventores de la Junta, uno general y otro de Empleo (el primero, probablemente por no haber sido consecuentes con sus quince advertencias sobre la irregularidad del procedimiento utilizado para conceder las ayudas, que le tendría que haber llevado a emitir un informe de actuación que hubiera conducido a paralizar el reparto de fondos).

La imputada mayor, por su rango y nivel político, es la ex ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, consejera de Economía y Hacienda entre 1994 y 2004, bajo cuyo mandato se dictaron las normas que permitieron las llamadas transferencias de financiación con las que se nutrió de dinero a la Consejería de Empleo para pagar los ERE, tanto los normales que beneficiaron a trabajadores de empresas en crisis como los anormales en los que la trama corrupta metió a los intrusos por afinidad familiar, política o de amistad.

Estrella rutilante de la autonomía andaluza en tres gobiernos de Chaves a pesar de su notoria carencia de cintura política, Álvarez fue más tarde ministra con Zapatero, que le buscó en 2010, cuando la sacó de su Gobierno, un retiro dorado como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, un cargo vistoso, en el que uno no se mata trabajando ni tiene dificultades para llegar a final de mes (su remuneración es de 22.000 euros mensuales). Ojo: es uno de los pocos puestos relevantes de la escena internacional ocupados por un español, y se trata del banco al que Rajoy, y otros líderes europeos, acaban de reclamar más activismo en la lucha contra la recesión. Si acaba en el banquillo será un mal negocio para todos. Sucesor de Magdalena en la Junta: Griñán.

Le acompañan en la imputación cuatro ex viceconsejeros, varios ex secretarios generales técnicos y directores generales (uno, Antonio Lozano, actual número dos de la heredera Susana Díaz) y otros responsables autonómicos.