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UNA de las decisiones adoptadas por la Junta para ahorrar dinero ha sido la de limitar el uso del coche oficial por parte de los delegados provinciales, a los que se prohíbe que lo utilicen para acudir a sus puestos de trabajo o retornar a sus domicilios. Defensores como son desde esta administración del transporte público, esta medida debería de haber quedado obsoleta antes de su puesta en marcha. El problema es que hoy sigue siendo un milagro encontrarse a un político, de ésta o de cualquier otra administración, viajando en transporte público.
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