Desidia culpable

EN su ciudad, como en la mía, con toda seguridad habrá inmuebles públicos de los que no se preocupa nadie. Deshabitados, sin utilidad alguna, son frecuentemente objeto de un deterioro que, no lo olvidemos, nos empobrece a todos. Ahora que tenemos hipersensible el nervio de la indignación, sorprende que a pocos escandalice ese hábito, desgraciadamente tan extendido, de derrochar, por desidia, ignorancia o incompetencia, el caudal colectivo.

Un ejemplo ilustrará mejor lo incomprensible de tantas ruinas consentidas. En La Barca de la Florida, una de las pedanías de Jerez, el antiguo Instituto Nacional de Colonización construyó una magnífica Residencia de ingenieros, en la que su personal vivía y trabajaba. La finca, no pequeña, incluía un edificio de hermosa arquitectura representativa de la colonización. Situada en un enclave privilegiado, reunía y reúne condiciones excepcionales para albergar actividades y servicios comunitarios.

¿Alguien se ha encargado de garantizar su mantenimiento? Pues, miren, no. Del INC pasó al Iryda, más tarde al IARA y, al fin, a la Consejería de Agricultura de la Junta. Tras décadas de abandono, la propiedad presenta hoy unas condiciones deplorables. El vandalismo y los saqueos han terminado convirtiéndola en un lugar lóbrego e inhabitable. No se entiende por qué jamás se atendió a la petición, ya formulada en 1978 y reiterada en 2012, de que fuera cedida al pueblo de La Barca. En estos días, para enojo de cuantos intentaron y no lograron impedir el disparate de su prolongado asolamiento, sorpresivamente salió a subasta, a la postre sin pujadores.

¿Es que ninguna autoridad responde de tales barbaridades? ¿Se cumple o no el artículo 111 de la Ley andaluza de Patrimonio cuando dice que quienes tengan a su cargo el mismo "están obligados a su custodia, conservación y utilización con la diligencia debida", teniendo, además, que indemnizar de no hacerlo así? ¿Hay diferencias realmente significativas para el ciudadano entre meter la mano en la caja y contribuir, por omisión culpable, al extravío de lo que es nuestro?

No me valen argumentos peregrinos. Nuestros gestores, en este y en miles de casos similares, han de asumir las consecuencias de su praxis indolente y perniciosa. Porque la pésima llevanza de lo común, el desinteresarse de lo que a todos nos pertenece, no deja de constituir, al cabo, otra forma de consumar la malversación, el despojo y la dilapidación de lo público.