Como cada inicio de legislatura el pleno de organización se mira con lupa y como cada cuatro años la polémica suele estar centrada en el coste de la estructura de Gobierno. Afortunadamente, atrás han quedado los años de los disparates y el despilfarro que han situado al Ayuntamiento de Jerez a la cabeza de los municipios más endeudados de España, con una deuda de casi mil millones. La ex alcaldesa Pilar Sánchez, una de las mejor pagadas en España, llegó a tener 26 asesores con un coste superior a los 1,3 millones de euros. Una auténtica barbaridad fruto del rodillo de una mayoría absoluta.

Esta vez la polémica ha estado centrada en el intento del Gobierno de subirse los sueldos un 8% y el de la oposición de querer mejorar sus condiciones. Finalmente, parece que no ha habido acuerdo, aunque habrá que esperar a la sesión de mañana para ver lo que nos va a costar la nueva Corporación. Todo puede pasar a última hora. De momento, la pregunta es si estaba justificada una subida del 8%. Si se atiende al argumento dado por la alcaldesa, aludiendo a una mejora de las cuentas públicas para poder cobrar más, en un consistorio endeudado hasta las cejas, la respuesta de cualquier persona, con un poco de sentido común, sería busque otro mejor. El intento de subida coincide, además, con la petición de la Autoridad Fiscal para que se adopten medidas extraordinarias que saquen al consistorio de la situación "crítica" en la que se encuentra. Ante este desolador panorama, en un Ayuntamiento con casi 56 millones de deuda con los proveedores, más de 49,6 millones de euros en facturas impagadas en el cajón y sin cumplir la regla del gasto, lo más razonable es congelar los salarios, como se ha hecho en Jaén. Es cierto, que, en la quinta ciudad de Andalucía, la alcaldesa podría cobrar más, al no superar lo establecido en la Ley de Reforma Local, que limita el salario en municipios con una población como Jerez a 80.000 euros, pero la realidad es que, hoy por hoy, no se lo puede permitir. Quizás, el debate que debería abrirse es qué hacer para que el Ayuntamiento no acabe echando la llave para entregársela a Hacienda.