El convenio de coordinación entre la RFEF y la LFP

Hoy martes la Asamblea de la Liga de Fútbol Profesional debe ratificar el convenio de coordinación suscrito entre esta entidad y la Real Federación Española de Fútbol el pasado 26 de enero, que sustituirá al aún vigente de 19 de julio de 2006 y que constituye el marco legal regulador de las relaciones entre las dos asociaciones deportivas.

En efecto, creadas en 1990 por la Ley del Deporte, las ligas profesionales, integradas por todos los clubes que participan en competiciones oficiales de carácter profesional y ámbito estatal (actualmente Primera y Segunda División A en fútbol y la ACB en baloncesto), tienen como competencia sustancial la de organizar dichas competiciones en coordinación con la respectiva federación deportiva y de acuerdo con los criterios que, en garantía exclusiva de los compromisos nacionales e internacionales, pueda establecer el Consejo Superior de Deportes.

Pues bien, dicha coordinación se instrumenta mediante la suscripción de convenios en los que, entre otros extremos, se regulan el calendario deportivo, los ascensos y descensos entre las competiciones profesionales y no profesionales, el arbitraje, la composición y funcionamiento de los órganos disciplinarios o el número de jugadores extranjeros no comunitarios que podrán participar en la competición.

El convenio de coordinación presenta, pues, un significado alcance sustancial, por cuanto, en nuestro modelo deportivo, resulta determinante de la específica ordenación jurídica del deporte profesional de ámbito estatal, dependiendo del mismo el correcto funcionamiento y adecuado desarrollo del propio sector deportivo.

En lo que hace al fútbol profesional, tras una primera época de excesiva tensión, que dio lugar a múltiples divergencias y disputas entra la Liga de Fútbol Profesional y la Real Federación Española de Fútbol, ambas entidades lograron, en 2006, un convenio con el que se alcanzó un marco relativamente estable de relaciones hasta el día de hoy, si bien tampoco hayan faltado problemas como el régimen jurídico aplicable a la expedición de licencias para la competición profesional ("caso Zubiaurre") o el marco jurídico regulador de los entrenadores de fútbol en dicha competición ("caso Comité de Entrenadores").

El convenio que hoy se ratificará sigue, sin grandes novedades, en la línea del aún vigente: la Liga mantiene sus reivindicadas competencias materiales sobre la organización de las competiciones profesionales (calendarios, árbitros, entrenadores, licencias, explotación comercial, venta de plazas…) y, como contrapartida, en apoyo del fútbol no profesional, prorroga e incrementa las sustanciales subvenciones conferidas a las entidades federativas.

Con este convenio, ya suscrito por Ángel María Villar y José Luis Astiazarán, se mantiene hasta 2014 un marco equilibrado y relativamente estable de relaciones entre la Liga y la entidad federativa, que facilitará, a buen seguro, las actuaciones de cada organismo y el mutuo entendimiento en las funciones que a cada uno corresponde.

Dada, sin embargo, la indefinición normativa que padece el régimen de distribución de competencias en la competición profesional y la permanente problemática que la misma suscita, el acuerdo actual no exime al legislador español de una futura actuación tendente a determinar, con rigor y exactitud, el alcance y contenido de la coordinación prevista en la vigente Ley del Deporte, lo que evitaría definitivamente situaciones de conflictividad como las ya vividas, propiciando unos mayores márgenes de seguridad jurídica necesarios en la gestión del fútbol profesional