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No ha sentado nada bien en el gobierno local el informe de la Cámara de Cuentas sobre la gestión económica y en materia de personal en 2018 publicado esta semana. Desde que se dieron a conocer sus conclusiones, sus esfuerzos se han centrado en tratar de desacreditar la independencia de esta institución y en asegurar que buena parte de las incorrecciones detectadas "ya están resueltas". Más allá de este discurso, la auditoría cuestiona la legalidad de los criterios utilizados para el abono de productividades y gratificaciones entre parte de la plantilla municipal, un asunto que no es baladí.
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