El presidente Sánchez ha decidido resolver el conflicto catalán a su manera, sin contar con otra opinión más que con la suya. Así que dice que "mis iniciativas, aunque arriesgadas, apuestan por el reencuentro y la concordia". Como los toreros que piden a su cuadrilla que lo dejen solo frente al toro. El presidente Sánchez, pues, no necesita de nadie para resolver el conflicto catalán. No le ha preocupado que ex ministros y ex diputados de su partido estén en contra del plan, "porque benefician a los condenados en el procés". La Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, en un manifiesto hecho público, se muestra contraria a la anulación del delito de sedición y la rebaja de las penas por la malversación, "porque atenta contra la Constitución". También rebajará las penas por la malversación para colocarla a nivel de la condena de Junqueras, cuando ninguno de los implicados y condenados han declarado arrepentimiento, sino, al contrario, han declarado que "volverán a intentarlo". La Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición ha difundido un manifiesto para rechazar el plan de Sánchez, como antes dije, y es importante porque entre los firmantes del manifiesto hay cinco ex ministros socialistas y siete diputados del PSOE y otros altos cargos. Se critica que Sánchez no mencionó la modificación de estos delitos en su discurso de investidura, ni un compromiso electoral ni un acuerdo posterior con Unidas Podemos. También alegan que la UE no ha exigido la reforma del delito de sedición, ni el cambio es para equiparar la legislación española con la europea. Lo que se pretende es que los políticos fugados vean eliminada su inhabilitación y puedan concurrir a las urnas. En definitiva, se trata de pactar la redacción de delito con los que lo han cometido. Piden la retirada inmediata de los artículos, en todo lo que se refiere a los delitos de malversación y sedición.

Con lo que no contaba Sánchez es con el desmarque de sus socios. Así, UP se ha desmarcado claramente de la enmienda transaccional que presenta el PSOE, aunque la facilitaran para que "la Ley no descarrile". Dicen que estudian la propuesta de ERC. Las penas se reducirán de seis a cuatro años, pero que en ningún caso quedará impune la desviación de fondos públicos para el referéndum ilegal de 1-O de 2017. El PSOE diseña un nuevo delito de malversación, más suave, pero que no la deja impune.

No es cierto que el cambio sea para equiparar la legislación española con la europea y Sánchez ha crecido en su propia estima y dice que la derecha está dividida entre el abatimiento y el catastrofismo.