La ciudad y los días
Carlos Colón
Tesoro de la Iglesia, patrimonio universal
Notas al margen
La ministra de Educación, Pilar Alegría, nos invita a construir más guarderías cuando tenemos 30.000 plazas vacías. No comprende que la Junta rechace la friolera de 112 millones para ofertar otras 12.000 plazas “públicas y gratuitas”, y dicho así, con su puntito demagógico, llama la atención, porque muchas familias no llegan a fin de mes. El primer ciclo de Infantil ni es obligatorio, ni gratuito, salvo para quienes viven al borde de la pobreza. Si nadie tuviera que pagar no quedarían sillas libres, pero a muchas familias no les salen las cuentas. Andalucía no precisa más centros de 0 a 3 años. Nuestro sistema educativo, que también favoreció el PSOE, goza de una red de guarderías envidiable que no hay que despreciar. Sí sería conveniente construir centros públicos donde no llega la inversión privada. Pero la ministra no admite medias tintas, o todo o nada. Y es una pena porque no es una cuestión ideológica. Aquí los sindicatos, la patronal y la Junta van de la mano para avanzar en la gratuidad de plazas públicas y concertadas a fin de matricular a todos los niños. La ministra dice que la UE no permite adaptar sus fondos al modelo educativo andaluz, pero en el País Vasco sí ha cedido a sus deseos.
La Consejería de Educación no da abasto. Cada vez hay más niños con necesidades especiales. Y si apostamos por su integración y por tener bajo control los trastornos más graves de la conducta, hay que invertir no tanto en nuevos centros como en mejorar los existentes: más en profesionales cualificados y menos en gasto superfluo. El tiempo en que un profesor se hacía cargo de 42 niños se acabó. La sociedad demanda orientadores, logopedas, psicólogos y monitores. Más personal de apoyo que cubra toda la jornada desde el aula matinal y las necesidades más básicas del pequeño, al comedor pasando por la atención especial a la diversidad, las extraescolares y todo tipo de servicios complementarios. Si al Gobierno de Sánchez le diera por liquidar parte de la deuda histórica del Estado con Andalucía con 5.000 millones, a condición de que se destinen a crear más colegios de Primaria y Secundaria, ¿qué haríamos con la educación concertada, si nuestro modelo está basado en los convenios educativos y en las escuelas infantiles adheridas a la Junta? El problema sería similar al de las guarderías y la consejera Carmen Castillo no pudo ser más gráfica: en Andalucía hay 2.200 centros de 0 a 3 años con 15.000 empleados asociados. Si se construyen más guarderías, ¿quién se responsabiliza de los empleos que se ponen en riesgo? Desmantelar el sistema e invertir la situación después de tantos años no es sencillo, porque hay mucho en juego. Por más que baja la natalidad, la oferta se mantiene estable con tres y cuatro líneas por ciclo en la concertada y en cambio la pública apenas cuenta con una o dos líneas de alumnos de media. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Quizá la ministra conozca la respuesta.
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