Sin responsables

CUARENTA y cinco muertos. Una vía que revienta. Y un Gobierno que no asume ninguna responsabilidad. Adamuz no es un enigma técnico: es un fracaso político que termina en tragedia. El ministro Óscar Puente admite que lo que falló fue la infraestructura, un tramo de la línea Madrid–Andalucía bajo su responsabilidad directa. Pero elude cualquier consecuencia. Esa negativa, en un país que presume de seguridad ferroviaria, golpea tanto o más que la propia tragedia.

La investigación apunta a la rotura de la soldadura y, después, del raíl, aunque ese extremo debe confirmarse en el laboratorio. El propio Gobierno lo reconoce. Pero mientras avanza, el ministro se blinda tras explicaciones cambiantes. Afirma que la línea estaba mantenida y renovada completamente, aunque días después corrige fechas, rectifica afirmaciones y modifica detalles clave. Habla de inspecciones “exhaustivas”, pero ninguna evitó que el raíl cediera en el peor momento. Un ministro que desmiente su propio relato pierde todo el crédito.

El Gobierno admite el fallo material, pero esquiva las consecuencias políticas. Invoca la “renovación progresiva”, una coartada que oculta lo esencial: tramos nuevos conviviendo con piezas viejas en una línea crítica. Y cuando el presidente de la CIAF cuestiona el alcance real de esa renovación, el Ministerio responde con irritación, no con transparencia. El resultado es claro: la confianza pública no se deteriora, se desploma. Un Gobierno seguro de su gestión no se incomoda ante cuestiones técnicas: las contesta con hechos, no con descalificaciones.

Tapa lo evidente: una infraestructura que debía estar asegurada falló de forma catastrófica, dejando un reguero de vidas destrozadas. Y cuando falla la vía, falla el Estado. Lo que debería ser un debate serio sobre seguridad ferroviaria se convierte en un intento político de minimizar daños, cubrir un error estructural sin responsabilizarse.

Adamuz no fue inevitable. Fue el resultado de una política ineficaz –en un Ministerio que está siendo investigado por corrupción en la etapa de José Luis Ábalos– que confía más en su relato que en sus controles. Un modus operandi que, incluso ante el mayor accidente ferroviario en años, prefiere admitir lo imprescindible —falló la infraestructura— pero niega lo importante: asumir que la responsabilidad también es suya. Mientras no lo haga, mientras siga refugiándose en tecnicismos y tiempos judiciales, la pregunta seguirá en el aire: ¿cómo puede fallar la vía y no fallar el Gobierno?

Adamuz exige respuestas. Y exige responsables. No excusas.