Qué fácil es torear cuando el toro ya ha pasado, maravillas con el capote cuando del astado sólo se ve el rabo. Los médicos aún siguen asombrados de la agresividad del Covid-19 en algunos pacientes, la clínica es complicada, confusa, pero los jueces deben conocerlo todo. Son muy sabios.

Después de más de dos meses en hibernación, el llamado poder judicial -que son muchos y muy mal avenidos- se despereza para impartir justicia. La Fiscalía de Madrid quiere saber qué criterios se han aplicado en los hospitales para el envío de enfermos a las UCI, como si los médicos y los gerentes hospitalarios hubiesen aprovechado la pandemia del Covid-19 para depurar de modo arbitrario a determinados grupos de población.

Otra juez de Madrid -¡por Dios, cuánto nos hace falta un Bonn!- quiere empurar al delegado del Gobierno y también ha olfateado a Fernando Simón por haber permitido la manifestación del 8 de marzo en la capital. Un inciso, señoría: en España, las manifestaciones no se autorizan, están todas permitidas por defecto, lo que hay que tener son argumentos para prohibir este derecho fundamental. Es, por tanto, al contrario. Y, en efecto, a toro pasado, debieron no ser permitidas. Qué cuartos traseros más bonitos tiene ese berrendo. Qué media verónica.

Su señoría se ha buscado a un grupo de guardias que le ha fabricado el informe que ella quería leer.

Cuando el mamarracho ha quedado expuesto al público, se ha argumentado que sólo es preliminar, que el proceso será muy largo y que ahora vendrán las correcciones. Pero en un ampliación del texto, donde se rectifican las primeras mentiras, la Guardia Civil ha incluido un robado de cámaras a la ministra Irene Montero. El informe de la Benemérita se parece más a una tertulia calenturienta de comentaristas y políticos que a una investigación judicial.

Miren, el ministro Fernando Grande- Marlaska no puede intervenir ni interesarse por una investigación de guardias que actúan como Policía Judicial, pero lo que se está fraguando entre el Juzgado de Carmen Rodríguez-Medel y un grupo de guardias civiles ya lo conocemos, es una causa general que, paso a paso -escalón a escalón de la pirámide que diría Mercedes Alaya-, busca la acción contra el Gobierno.

Estos casos están ganado de antemano por sus autores, porque en España el proceso es la condena cuando afecta a dirigentes políticos. Inferencia a inferencia se llega a lo más alto. A lo alto de la pirámide.