Asistimos a la primera polémica insustancial en el seno del pacto de gobierno andaluz. Es lamentable que una Consejera sea reprobada, por el partido hermano del gobierno, por osar tener opiniones personales sobre la Semana Santa y más lamentable todavía es que esa Consejera se vea obligada a dar explicaciones públicas. Pasó un instante cuando otro Consejero, Sanidad y Familias (sic), al requerimiento, para que los profesionales de la sanidad pública asuman funciones policiales en su persecución contra cualquier inmigrante que consideren ilegal. Mucho me temo que a los andaluces nos ha tocado, sin desearlo, ser espectadores y perjudicados por una tragicomedia que aspira a durar cuatro años.

En paralelo conocíamos otra noticia que si debería ponernos los vellos de punta. Nada menos que la Guardia Civil inicia una campaña para perseguir y atajar la explotación laboral, el trabajo forzoso y la trata de seres humanos en nuestro país. El dato es muy serio, durante 2018 ha realizado un total de 732 inspecciones y ha asistido a 3.141 personas que se encontraban trabajando en condiciones de 'explotación'. Seguramente muchos de estos serán algunos de los que se quiere expulsar como si 'esclavo' fuera sinónimo de delincuente.

Todo esto ocurre en nuestra España y en nuestra Andalucía. Es en nuestra tierra donde a la vez que repunta el crecimiento lo hace la desigualdad como causa de una de las distribuciones salariales menos equitativas de toda Europa, los salarios del 28 por ciento más pobre se han desplomado un 10 por ciento. Estos datos deberían bastar para que las izquierdas dejaran sus enredos, líneas rojas y condiciones absurdas, y tejieran, de una vez, una alianza amplia, inclusiva y estratégica que devuelva la confianza en el autogobierno y la democracia. También en Jerez puede ser que la gente defraudada en mayo se quede en su casa.

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