La España de las autonomías que conocemos no sería la misma sin el punto de inflexión que conquistaron los andaluces de los años ochenta del siglo pasado: el acceso al autogobierno por la vía rápida del artículo 151 de la Constitución. Las manifestaciones del 4-D de 1977 y, sobre todo, el referéndum del 28-F de 1980 expresaron esa voluntad inequívoca por la autonomía en pie de igualdad de las regiones con los territorios considerados nacionalidades. Desde entonces, en estos más de cuatro decenios transcurridos, Andalucía ha sido garantía de la defensa de la igualdad entre españoles, para disgusto de los nacionalismos separatistas que pretendían un diseño en el que primasen los privilegios. Así ha sido todo este tiempo en gran parte también porque militantes de un mismo partido, el PSOE, han presidido siempre Andalucía, en la preautonomía y desde que el autogobierno fue pleno con el Estatuto de 1981. Por primera vez, desde las elecciones del pasado día 2, se negocia la elección de un Ejecutivo en el Parlamento de Andalucía que no presidirá un socialista. Por eso es positivo que la primera medida de las 23 de regeneración democrática que los dos partidos que se aproximan a integrar ese futuro Gobierno del cambio -PP y Cs- han pactado mantenga una línea de continuidad, al defender no sólo "la unidad de España" sino en igual medida el "Estado de las Autonomías bajo los principios de igualdad y solidaridad consagrados en nuestra Constitución". No es baladí esta defensa inequívoca, porque la mayoría social y política que va del centro a la derecha decidida en las urnas tiene a un tercer partido, Vox, que reclama la supresión de las autonomías. Es pues una declaración de principios necesaria. Si hay cambio en Andalucía, éste no pasará por liquidar el autogobierno. Es, además, esta primera medida coherente con los postulados de dos partidos que defienden la unidad de España frente al independentismo. Igual ocurre con otras que ponen negro sobre blanco pero que necesitan del apoyo de más fuerzas políticas. Singularmente, la supresión de los aforamientos, que acuerdan ejecutar mediante una reforma del Estatuto de Autonomía. El incumplimiento de esta cuestión, pactada también entre PSOE y Cs en 2015 para permitir que arrancara la X Legislatura, precipitó su final y el adelanto de las elecciones. El PSOE, que no implementó ese acuerdo con ningún impulso legislativo, tendrá que decidir si mantiene que antes ha de hacerse en el ámbito estatal. Su negativa exigiría, eso sí, del apoyo de Adelante Andalucía y Vox para que prosperase. La lucha contra la corrupción o la despolitización del Gobierno de la Junta de Andalucía también siguen una coherencia con las promesas de cambio de ambos partidos a los andaluces en las últimas elecciones.