Los acuerdos bilaterales entre España y Marruecos permiten la devolución de menores inmigrantes no acompañados, bajo determinadas garantías, por lo que no están prohibidas. Aunque desde que en 2012 se admitió esta eventualidad entre ambos países, Rabat no ha querido aceptar a niños y jóvenes no acompañados. Ahora sí. Entendemos, por tanto, que ambos gobiernos tienen cobertura legal para repatriar a Marruecos a los cerca de 800 menores que cruzaron a Ceuta a mediados de mayo en una entrada masiva permitida por el Ejecutivo del país vecino. No obstante, es necesario que este proceso que se inició el viernes sea más transparente. No puede ocurrir que hayan sido las ONG las que hayan avisado de que se estaba procediendo esta repatriación masiva, para que, posteriormente, el Ministerio del Interior lo confirme y dé los detalles. Se trata de un acuerdo entre Rabat y Madrid, y con el conocimiento de las autoridades ceutíes. En estos casos, cada repatriación se debe acometer de modo individualizada, cada joven tiene ser entrevistado , valorado y enviado a un centro habilitado para ello. Lo que sostiene el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, es que ha sido así y que estos jóvenes han ido a un centro habilitado en Martil, cerca de Tetuán. Los menores serán devueltos a sus familias y, en el caso de que esto no sea posible, será una institución autónoma de protección de la infancia la que se hará cargo de ellos. Todos estos puntos son los que debe aclarar el Ministerio, que ya cuenta con la protesta del Defensor del Pueblo, con el interés de la Fiscalía y con la oposición de la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra. Entendemos que, a la vez que se deben cumplir todas las garantías, al Gobierno español le ampara que pueda repatriar a aquellas personas que entran en el país de modo irregular, siempre que no se encuentren en situación de vulnerabilidad.