La sección tercera de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado cinco autos que exoneran cautelarmente a cinco alumnos de recibir clases de la asignatura Educación para la Ciudadanía hasta que se resuelvan definitivamente los recursos formulados por sus padres o tutores objetores contra la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Se trata de alumnos de San Fernando y El Puerto de Santa María -ciudad en la que hay dos casos, ambos de alumnos del instituto de secundaria Javier de Uriarte, en el que, además, se registraron 100 solicitudes de objeción a finales del curso pasado- en la provincia de Cádiz, y los demás en Sevilla, Lucena y Córdoba capital.

En cada uno de estos cinco autos, notificados ayer al abogado Carlos Seco, la sección tercera de la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA acuerda que estos alumnos no cursen la asignatura hasta que se dicte sentencia firme en cuanto al recurso formulado por sus padres contra la Consejería de Educación.

Esta medida se acuerda, según el abogado, porque de prosperar el recurso "ya se habrían producido los efectos que se pretenden evitar" y por que "son más dignos de protección la libertad ideológica y religiosa y el derecho de los padres a elegir la educación de los hijos que los difusos intereses generales, que en cualquier caso no se ven afectados por la medida cautelar adoptada", señaló.

Según manifestó Seco, en todos los casos en los que se ha solicitado la adopción de la medida cautelar, ésta ha sido acordada por el TSJA en base a los mismos argumentos. Con estas cinco nuevas medidas, ya son ocho las acordadas por el TSJA, de las que una cuenta ya con Sentencia favorable -en concreto el caso de Bollullos par del Condado, en Huelva, y los demás se encuentran en tramitación.

Carlos Seco Gordillo es un abogado sevillano que se vio involucrado en este asunto en principio de manera personal, al ser uno de sus hijos uno de los alumnos "afectados" por esta asignatura. "Empecé por puro egoísmo" -señalaba ayer en declaraciones a Diario de Cádiz- pero luego me metí mucho más a fondo y actualmente llevo adelante una treintena de recursos sobre este asunto".

En opinión de este abogado "ha llegado el momento en el que la Consejería de Educación debería cambiar de actitud y dialogar, porque se están vulnerando derechos fundamentales y se está amedrentando a los padres".

Seco añade que "estamos ya al final del segundo trimestre y a muchos alumnos los van querer suspender, cuando es una asignatura que no debe puntuar. Pedimos que Educación deje en suspenso la asignatura y que nos sentemos a dialogar sobre sus contenidos. Podemos hablar sobre derechos humanos, educación cívica y otros muchos asuntos, pero se deben eliminar los contenidos de carácter moral de la asignatura. Creo que podemos llegar a una solución para acabar con esta situación de conflicto", dijo el abogado, quien se mostró convencido de que la sala del TSJA "seguirá fallando en el mismo sentido".