El reciente auto de la Audiencia Provincial, estimando la tesis del fiscal de Medio Ambiente Ángel Núñez de que los profesionales que emiten certificados falsos de antigüedad de inmuebles ilegales deben ser considerados como funcionarios públicos, ampliando de este modo el plazo de prescripción del delito a los diez años, y no a las cinco, como estaba fijado hasta ahora, parece haber abierto la veda. El caso Obra Nueva Puerto, precisamente el que provocó el recurso del fiscal a la Audiencia, al haber archivado algún Juzgado de la localidad por prescripción algunos de los procedimientos emprendidos, ha comenzado a deparar detenciones a mansalva. Según ha podido saber este diario, en los últimos días han sido más de una veintena las personas que han sido detenidas tras ser denunciadas por la Fiscalía. Se trata de profesionales que habrían rubricado certificados presuntamente falsos de antigüedad de inmuebles ilegales, y promotores o dueños que se habrían beneficiado de estos papeles.

Al parecer, en todos los casos, tras prestar declaración ante la Guardia Civil ( ante el Equipo de Delincuencia Urbanística de la Comandancia de Cádiz, que trabaja por mandato del fiscal de Medio Ambiente) y después, algunos también ante el juez al cargo de cada denuncia de Fiscalía, han quedado en libertad con cargos, imputados en unos casos en un delito de falsedad documental, y en otros, además, en un delito contra la ordenación del territorio, al tratarse de viviendas erigidas en suelo no urbanizable en el actual Plan General de El Puerto.

Se prevé que la operación proseguirá en los próximos días con nuevas detenciones . Y es que algunos de los casos de obra nueva fraudulentos fueron además 'legalizados' por decreto emitido por los anteriores gobernantes de Independientes Portuenses, fundamentalmente, el ex alcalde Hernán Díaz y el anterior edil de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez. Y con informes técnicos a favor del Jefe de Licencias del Área de Urbanismo de El Puerto, Fernando Jiménez Fornell.

Trabajo queda para rato: en 2008, la Fiscalía ha cursado 130 denuncias por casos tanto de El Puerto como de Chiclana.

Fue el actual Gobierno del PP de El Puerto el que comenzó a denunciar estos casos (cometidos sobre todo en el mandato 2003/2007) en octubre de 2007. Ya ha enviado más de 150 casos.