La fiscal anticorrupción de Cádiz, Virginia Alonso, retiró ayer los cargos contra los concejales linenses del PP María de la Cruz Atienza, Juan Montero y Francisco Muñiz; el ex interventor municipal, Sergio Gómez; el ex secretario general del Ayuntamiento, Agustín Sevillano; y el representante de Abuztúa Inversiones, Rafael de los Reyes, durante las conclusiones del juicio del caso Roseworld que se ha venido celebrando en la sección algecireña de la Audiencia Provincial.

La acusación particular que ejercen los abogados Francisco Llamas y Juan Blasco en representación de José Carrión procedió en el mismo sentido respecto a los tres últimos, que quedaron totalmente exculpados. La acusación popular que representa al concejal socialista de La Línea Miguel Tornay se adhirió al posicionamiento del Ministerio Fiscal.

Por contra, la fiscal sí mantiene que los hechos son constitutivos de un delito continuado de prevaricación por parte del ex alcalde Juan Carlos Juárez y el ex coordinador de Hacienda, Carlos Ruiz Calama, para los que solicita una inhabilitación especial para cargo público por nueve años. El Ministerio Fiscal les sigue imponiendo a los dos un delito de cohecho pasivo. Por este delito, Virginia Alonso pide una pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, así como una multa de 500.000 euros.

En el caso de Ruiz Calama, considera que “procede” imponerle por cada uno de los delitos fiscales que le atribuye un año de prisión y, en concepto de multas, una de 470.000 euros relativa al Impuesto de Sociedades y otra de 216.000 euros en concepto de IVA.

Por último, sostiene que ambos “habrán de indemnizar conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de La Línea”, y que procede acordar respecto a los dos “el comiso de 2,021 millones o bienes de valor equivalente”.

En el caso de Anil Thakurdas, administrador único de Roseworld, la fiscal entiende que es autor de un delito de cohecho activo, por el que solicita cuatro años de prisión y una multa de 500.000 euros, y de un delito de prevaricación por cooperación necesaria, por el que pide inhabilitación especial para cargo público por siete años.

En su exposición, Virginia Alonso alegó que, en la segunda mesa de contratación, celebrada en diciembre de 2005 y en la que se acordó proponer al pleno la venta de cuatro parcelas a Roseworld, “no había ningún informe sobre su solvencia” y que, sin embargo, Juárez estimó “que no era el momento de debatir eso”, así como que el pleno aprobó la enajenación antes de que se resolvieran las alegaciones de Promaga. “Hubo precipitación”, dijo. Agregó que también hubo “aceleramiento” por parte de Calama al solicitar un informe sobre la exclusión de Promaga y que fue el ex coordinador de Hacienda el que pidió a la comisión técnica que solo valorara la propuesta de Roseworld “cuando la exclusión de Promaga aún no se había debatido en la mesa. Había por tanto interés en favorecer a Roseworld por parte de Calama y Juárez, que no solía acudir a las mesas pero sí asistió a la que decidió proponer la venta a esta mercantil”, dijo.

Tras la fiscal intervino el Abogado del Estado Manuel López en relación a los supuestos delitos contra la Hacienda Pública cometidos por Calama y, a continuación, el abogado Francisco Llamas. La acusación particular mantiene el delito de prevaricación contra Juárez, Calama, Atienza, Montero y Muñiz y se lo añade a Thakurdas, solicitando para ellos inhabilitación especial para cargo público durante ocho años y seis meses. A los cinco primeros les acusa también de alteración de precios en concursos y pide para ellos dos años de prisión. En cuanto al cohecho pasivo, se lo impone solo a Juárez y Calama, solicitando cuatro años de prisión y multa de 500.000 euros. Los mismos años de cárcel pide por cohecho activo para Thakurdas, al que también impone un delito de blanqueo. Además, solicita tres años de prisión para Calama por delito contra la Hacienda Pública.

Además de ahondar en los argumentos de la fiscal, Llamas remarcó que las cuatro parcelas se vendieron “sin justificación alguna y tenían previsto otro uso” y que “sufrieron una merma de 11.000 metros tras ser reagrupadas”.

En el turno de las defensas, el letrado Ramírez, en representación de Juárez, pidió su libre absolución al considerar que tanto la exclusión de Promaga como la solvencia de Roseworld “estaban acreditadas”, y defendió “la legalidad del cobro aplazado por parte del Ayuntamiento”. Además, manifestó que no se había demostrado el cohecho. “No hay pruebas incriminatorias y sí exculpativas”, dijo.