El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que pone fin a la crisis sanitaria por Covid-19 en España y, por tanto, a la obligatoriedad del uso de las mascarillas en centros de salud, hospitales, farmacias y centros sociosanitarios, según ha anunciado en rueda de prensa el ministro de Sanidad, José Miñones.

"El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, de forma consensuada y con la ponencia de alertas a través de los expertos que componen la misma de cada una de las comunidades autónomas, consideraban que la Covid-19 ha sido controlada y aunque la enfermedad sigue presente, ya no supone una situación de crisis sanitaria", ha apuntado Miñones, que ha aclarado que su entrada en vigor será efectiva el mismo día de su publicación en el BOE.

Ha recordado que la situación, desde noviembre de 2022, da muestra de "una tendencia decreciente" en lo que respecta a fallecimientos y hospitalizaciones. Esto, junto con el hecho de una menor virulencia de la variante Ómicron, la alta tasa de vacunación y la infección natural de la población española, "esta enfermedad ya no constituye una situación de crisis sanitaria en España", ha insistido.

Adiós a 1.207 días de mascarillas obligatorias

El fin de la emergencia sanitaria ocasionada por la covid-19 permite que, 1.207 después, decaigan todas las medidas extraordinarias ligadas a la pandemia como la obligatoriedad de usar mascarillas en centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias, mientras que pasan a ser altamente recomendables en entornos con personas vulnerables.

Con este acuerdo del Consejo de Ministros, que entrará en vigor el mismo día que se publique en el BOE, "la situación pasa a ser la misma que había antes del decreto de crisis, anterior a 2020.

El acuerdo del Consejo de Ministros apela a la "cultura de la responsabilidad" y contempla reforzar el uso de la mascarilla en unidades de cuidados intensivos y en unidades con pacientes vulnerables y urgencias hospitalarias o de atención primaria, incluida la sala de espera.

También en centros residenciales de mayores y personas con discapacidad y personas sintomáticas cuando estén en espacios compartidos y profesionales que les atienden.

En el caso de las residencias de mayores y personas con discapacidad, el acuerdo insta a tomar "precauciones adicionales en el caso de aparición de síntomas en trabajadores, residentes o visitantes, para evitar brotes y cuidando el bienestar de los mayores, tanto físico como emocional".