La Unión Europea empieza a aplicar su ley de libertad de prensa a ritmo desigual y a medias en España

El nuevo Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación es de obligado cumplimiento en toda la Unión Europea a partir de este viernes, si bien su puesta en marcha avanza a ritmo desigual en los diferentes países y España está entre aquellos que aún no han desarrollado en ley varias novedades que prevé la norma europea.

Es la primera vez que la Unión Europea impulsa una ley para escudar a los periodistas y medios de comunicación de presiones externas indebidas, salvaguardar la función de los medios públicos y reforzar la transparencia de las empresas mediáticas, de forma que se conozca públicamente quiénes son sus dueños y cómo se les asigna la publicidad institucional.

En la práctica, esto se materializará en bases de datos a nivel nacional con información sobre quién es propietario de cada medio de comunicación: tanto sobre la propiedad directa como la indirecta y, en cualquier caso, la de quien tenga un porcentaje de acciones como para llegar a influir en las decisiones editoriales.

También cada medio a título individual tendrá que dar a conocer esta información en su sitio web de manera accesible.

En la misma línea, tanto los medios de comunicación como las administraciones públicas tendrán nuevas obligaciones sobre la transparencia de la publicidad institucional. Diferentes niveles de Gobierno, desde el municipal hasta el nacional, deberán dar a conocer el presupuesto que destinan a ello, incluyendo nombre del medio, grupo al que pertenece y cantidad de dinero que recibe.

La ley recoge también salvaguardias de la independencia de los medios públicos y a partir de ahora deberán fijarse por ley en cada país los criterios para el nombramiento y cese de sus altos cargos, la duración de sus mandatos y una financiación suficiente para cumplir con su misión y que además sea "previsible y sostenible".

A cargo de supervisar cómo se aplica la norma en los países europeos estará el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, una entidad de nueva creación que durante 2025 presidirá la española Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), específicamente su consejero Carlos Aguilar.

En conversación con Efe, Aguilar lamenta que algunos países se estén tomando la fecha de la aplicación del reglamento como el momento de empezar la tramitación legislativa de los cambios en vez de como el día en el que todo debe estar ya en funcionamiento.

"Algunos países ya lo tenían traspuesto, en algunos -como España- justo ahora la ley está en trámite y además parcialmente, otros todavía no han empezado. Lo importante es que cuanto antes estén armonizadas todas las legislaciones europeas para que no haya agujeros", urge el consejero de la CNMC.

Aguilar asegura que en Bruselas se es "perfectamente consciente" de lo que ha costado sacar adelante la norma, una apuesta de los compases finales de la pasada legislatura europea, y confía que la Comisión "tomará las medidas oportunas" para que todos los países apliquen sus preceptos de manera uniforme.

España, en la media pero con leyes sin desarrollar

España, apunta Aguilar, no está "ni demasiado bien ni demasiado mal" en su progreso en la implementación del reglamento.

El Consejo de ministros acordó el pasado 29 de julio remitir al Congreso el proyecto de Ley de Gobernanza Democrática de los Servicios Digitales y de Ordenación de los Medios de Comunicación, que traslada a la ley española varias provisiones del reglamento europeo, como las que afectan a las nuevas competencias de la CNMC.

"España todavía deja a futuro desarrollo reglamentario la supervisión del dinero público que se invierte en publicidad institucional o la parte de que garantice la elección de los medios públicos tal y como establece el reglamento", explica el consejero de la CNMC.

Sin embargo, añade, "lo importante es que se demuestre la voluntad política de la adaptación en cuanto antes sea posible y que se haga bien".

La aplicación obligatoria del reglamento marca este viernes un hito clave en el Comité de Medios que preside ahora CNMC, pero la polarización política con la que algunos de sus artículos han entrado en España -con el rechazo del PP al plan de acción para la democracia que incluye muchas de sus novedades- preocupa a Aguilar "como regulador, como académico e incluso como ciudadano".

"La ley prácticamente nace de la voluntad de los medios de comunicación y de los periodistas profesionales de conseguir un estatus, unas garantías y un apoyo a los valores democráticos que en Europa son ampliamente compartidos y que en el Parlamento Europeo no generan, salvo excepciones que todos conocemos, disensión ninguna", afirma Aguilar.

"Sin embargo, (hay un riesgo) de que el ciudadano tenga la percepción de que esto es una batalla política más en la que hay dos bandos enfrentados y no entienda el valor que tiene tanto para la protección del que ejerce la profesión como del ciudadano que quiere informarse", advirtió.

El consejero de la CNMC incide en que, más allá de las nuevas garantías para los reporteros, son los ciudadanos quienes se van a beneficiar de una mayor transparencia a la hora de conocer los intereses tras la información que consumen y que en ningún caso se trata de un sistema "ni para censurar, ni para controlar, ni para manipular".

"No ser claros en mensajes que tienen que ver con valores compartidos, sean de la ideología que sean, me parece un error de país", zanja.