La Comisión Europea abrió este jueves un procedimiento de infracción contra España por no haber transpuesto la directiva que establece el cargador único de tipo USB-C en los dispositivos que se vendan en la Unión Europea, tales como teléfonos móviles, tabletas, auriculares u ordenadores portátiles.

La fecha límite para transponer la directiva expiró el pasado 28 de diciembre y España aún no lo ha hecho, por lo que Bruselas le envió una carta pidiendo explicaciones.

Una misiva que también envió a Bélgica, Alemania, Irlanda, Grecia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Polonia y Portugal, por el mismo motivo.

Todos ellos tienen ahora dos meses para responder a la carta y transponer la normativa y si no lo hacen, Bruselas podría enviarles un dictamen motivado, antes de acudir a la justicia europea.

La normativa pretende facilitar la vida de los consumidores, y reducir la basura tecnológica, ya que también permitirá adquirir un nuevo dispositivo electrónico sin adquirir un nuevo cargador.

La normativa será obligatoria a partir del 28 de diciembre de este año, aunque los fabricantes tendrán dos años para adaptarse a la nueva realidad. No obstante, los ordenadores portátiles estarán exentos hasta el 28 de abril de 2026.