Restricciones a las ayudas sociales y al empadronamiento. Ésa es la receta que el Ayuntamiento de Bollullos plantea para hacer frente a la oleada de robos que ha azotado al municipio durante los últimos meses. El Consistorio quiere limitar el acceso de nuevos vecinos al padrón imponiendo nuevos requisitos y afirma que sus servicios sociales no atenderán a personas que hayan sido detenidas en el municipio, a pesar de que estas medidas pueden tener difícil encaje en la legislación vigente.

Así lo anunció ayer en rueda de prensa el alcalde, Francisco Díaz, quien apuntó que el objetivo es luchar contra aquellos que han hecho del robo "su negocio y modelo de vida". Sólo en el mes de agosto se produjeron 19 detenciones y se abortaron 21 actos vandálicos en el municipio. Se trata de un dato que deja en mal lugar un ordenamiento jurídico con "subterfugios para la reincidencia", llegó a asegurar el alcalde.

Díaz apuntó que dos de las medidas más controvertidas (alguna de dudosa legalidad) que adoptarán como institución será restringir el empadronamiento a "todos aquellos ciudadanos que no presenten un contrato de trabajo o de alquiler". Dentro del paquete de medidas coercitivas, explicó que los servicios sociales municipales "cerrarán sus puertas a toda aquella persona que tenga pendiente delitos". ¿Qué significa eso? Según explicó posteriormente el Consistorio, las personas que hayan sido detenidas en el municipio por algún hecho delictivo dejarán de percibir esa ayuda social, incluso aunque no hayan sido juzgadas aún; alega que hay personas que se encuentran a la espera de juicios durante largo plazo y siguen delinquiendo.

El edil reconoció que se trata de una medida "dura, contundente y que podría provocar que paguen justos por pecadores", si bien entiende que es "necesaria para castigar a quienes decidan apartarse de la ley".