La Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) insistieron ayer en que el decreto andaluz antidesahucios, que prevé la expropiación temporal de viviendas a la banca, tendrá un "impacto negativo" en la estabilidad financiera en España y en la actividad del banco malo que gestiona los activos inmobiliarios (Sareb).

En su tercer informe sobre la marcha del rescate bancario español, la Comisión y el BCE avisan de que las iniciativas regionales para frenar los desahucios deben "preservar la estabilidad financiera y la viabilidad del mercado de la vivienda en España, cumpliendo así los compromisos del memorándum de entendimiento". "El decreto-ley adoptado por Andalucía puede tener consecuencias negativas para el sistema financiero en su conjunto" tanto por sus efectos directos -las sanciones financieras a la banca por tener pisos vacíos o su expropiación parcial- como por los indirectos.

"Los efectos indirectos pueden incluir una reducción del apetito de los inversores por los activos inmobiliarios españoles, así como un deterioro en el valor de las carteras de activos inmobiliarios de los bancos y de la capacidad de los bancos de colocar en los mercados cédulas hipotecarias", subraya el informe. "El decreto-ley adoptado por Andalucía podría tener consecuencias negativas para la actividad de la Sareb", insisten además los inspectores. "La mayor incertidumbre puede desanimar a potenciales inversores y provocar un deterioro del valor de la cartera de la Sareb", apunta Bruselas, que recuerda que "aproximadamente el 10% de la cartera de la Sareb está en Andalucía (6.000 viviendas), además de 17.000 viviendas que son colaterales de créditos".

En contraste con el decreto andaluz, la Comisión avala las medidas adoptadas por Madrid para frenar los desahucios por considerar que "no es probable que reduzcan los incentivos de los deudores para pagar sus hipotecas y tengan consecuencias graves para la estabilidad de los bancos". No obstante, reclama "vigilar de cerca" el resultado de la aplicación de esta legislación.

La Comisión y el BCE resaltan que "es esencial que las medidas de reparto de la carga se completen y finalicen como está previsto", es decir, que se apliquen a los preferentistas las quitas que impone el rescate bancario. Estas quitas han reducido en casi 13.000 millones los costes del rescate bancario, según los cálculos de Bruselas.

No obstante, el informe avisa de que "los resultados de los procesos de arbitraje sobre ventas abusivas podrían representar una carga financiera adicional para los bancos", aunque admite que "el impacto final en términos de capital es difícil de estimar". El memorándum de entendimiento prohíbe que las compensaciones se paguen con ayudas del fondo de rescate, por lo que son los bancos o el Estado español los que deben asumirlas.