Tercera sentencia condenatoria contra empresarios agrícolas que se encuentran imputados en la presunta red que un reducido grupúsculo de agentes de Medio Ambiente, dependientes de esta Delegación de la Junta en Huelva, había montado en el entorno de Doñana, y que supuestamente aceptaban sobornos a cambio de mantener los brazos cruzados y la boca sellada mientras se realizaban cambios de uso del suelo en municipios del cinturón del espacio natural.

Mientras el conocido como caso de los sobornos, destapado en 2008, sigue sus pasos y se está a la espera de que se concreten las acusaciones y se fije fecha de la vista, han pasado por el juzgado otros dos empresarios que llevaron a cabo cambios de uso en el término de Moguer, en las fincas Las Posadillas y Pino Flandes. En este caso, se ha evitado llegar a juicio con un acuerdo previo y la aceptación de responsabilidades por parte de los procesados, J.A.D.R. y M.A.D.R., que explotaban las referidas fincas, a los que el Juzgado de lo Penal 4 de Huelva les impone un año de prisión a cada uno de ellos por el delito de daños en bienes de dominio público, además una multa de doce meses con una cuota diaria de 9 euros (con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad) y otros seis meses de prisión por el delito de construcción ilegal en suelo de especial protección. Además inhabilita a los acusados para ejercer de promotores o constructores en cualquier obra durante dos años, además de afrontar las costas procesales.

La autoridad judicial les da un plazo de tres meses para que presenten un plan de restauración y reforestación del monte público afectado en ambas fincas.