El plazo para que las comunidades autónomas presentaran sus planes de ajuste prescribió ayer y estas se mostraron convencidas de que cumplen con el objetivo de mantener sus cuentas con un déficit por debajo del 1,5% del PIB exigido por el Gobierno central. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas también lo creyó, a la vista del diálogo fluido que han mantenido, por lo que el fantasma de la intervención parece disiparse.

Fuentes del Ministerio precisaron que ante el caso de intervención no supondrá la suspensión de la autonomías, pero sí la disolución de una corporación local, y han subrayado que utilizarán "toda la normativa vigente" si alguna administración incumple los objetivos de estabilidad presupuestaria.

En el día en el que entraba en vigor la ley de Estabilidad Presupuestaria, con su publicación en el BOE, que prevé la posibilidad de esa intervención, fuentes de Administraciones Públicas indicaron que hasta la fecha ninguna autonomía "ha pedido o sugerido" una intervención voluntaria de sus cuentas, pero sí han pedido ayudas casi todas para confeccionar sus planes y con todas ha habido un diálogo intenso.

La nueva norma permitirá al Estado intervenir las cuentas de las comunidades a partir del próximo mes de septiembre si no cumplen con la senda de consolidación presupuestaria. Pese a ello, en Hacienda están seguros de que ninguna comunidad va a tener que ser intervenida ya que la mediación supondría una merma en la imagen, que todas ellas tratarán de evitar cumpliendo el objetivo de déficit fijado en el 1,5% del PIB.