El caso de la ex ministra y ex consejera Magdalena Álvarez, imputada en el escándalo de los ERE fraudulentos, se coló ayer en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento. El PP inquirió al Ejecutivo que preside Susana Díaz si considera que la actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) debe permanecer en el cargo o marcharse. Concretamente, las preguntas de la diputada popular Esperanza Oña, dirigidas a la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, fueron: "¿Cree usted que esta señora, consejera diez años del PSOE-A, debe dimitir? ¿La presidenta de la Junta cree que debe dimitir en aras a esa transparencia de la que presume pero que no se ve en ningún sitio? ¿Cuál es la opinión del Gobierno en cuanto a esta ratificación de la imputación?".

Pues bien, Montero no lo ve tan grave. Para la consejera, tampoco es para tanto, porque el hecho de que "un juzgado de instrucción" impute a Álvarez no es motivo para que ésta deje su cargo de vicepresidenta del BEI. La consejera de Hacienda y Administración Pública prefiere "esperar" a que la justicia termine su trabajo.

El rifirrafe entre Montero y Oña tuvo momentos de alta tensión. La diputada popular apretó al afirmar que la imputación a Álvarez no sólo apunta a que la ex consejera "puede ser la inventora de un plan perverso sino que toda la cúpula del PSOE-A ha protegido ese plan perverso durante más de diez años permitiendo que los fondos de todos los andaluces se vaya a los amigos del PSOE y a falsos jubilados". Visiblemente enojada con las palabras de Oña, Montero replicó que ni el Ejecutivo ni los socialistas van a consentir que los populares acusen "gratuitamente". "Si conoce que alguien ha aparentado legalidad para cometer delitos vayan a los tribunales", conminó Montero a Oña.

La consejera advirtió a la parlamentaria popular que si su partido va a "enjuiciar" por los autos de los juzgados de instrucción, también deberían dimitir el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, "por lo que dicen los juzgados sobre la trama Gürtel".

Quien también se pronunció ayer en favor de Álvarez fue el ex presidente de la Junta, José Antonio Griñán, porque a su juicio se le está acusando de "una teoría que está sin demostrar" y que "no es cierta". "En este caso hay dos líneas: una que es donde se comete un delito de irregularidades y otra que es una teoría que está sin demostrar que dice que había una formación política con una conspiración política para delinquir, cosa que no es cierta", dijo el presidente del PSOE en una entrevista en la Cadena Ser.

Griñán puso el acento en que a la ex ministra socialista no se la acusa de "corrupción personal", e insistió en que ella "no se ha llevado un euro" ni "ha hecho nada para darle dinero a nadie". Así pues, ha recalcado que "no es lo mismo" estar acusado de cometer irregularidades que "de desviar recursos para beneficio propio o de familiares". El ex jefe del Ejecutivo andaluz aseguró que, de hecho, Álvarez "ignoraba" las irregularidades que se estaban cometiendo en un centro directivo de la Junta andaluza. Además, para Griñán la manera en la que Álvarez gestionó el procedimiento para conceder las ayudas a la Consejería de Empleo "es legal".