Andalucía

La Sección Tercera resolverá la recusación de Pedro Izquierdo

  • El juez encargado de los ERE reconoció que su elección ya ha perturbado "el sosiego del tribunal"

El magistrado Pedro Izquierdo. El magistrado Pedro Izquierdo.

El magistrado Pedro Izquierdo. / JULIO MUÑOZ / efe

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, que preside el magistrado Ángel Márquez -en su día instructor del denominado caso Juan Guerra-, será la encargada finalmente de resolver la recusación planteada por el sindicato Manos Limpias y el PP contra el juez Pedro Izquierdo, que ha sido designado ponente del juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE, en el que serán enjuiciados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 23 ex altos cargos.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informaron ayer de que, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial y las normas de reparto de la Audiencia de Sevilla, la resolución del incidente de recusación ha recaído en la Sección Tercera de la Audiencia, la siguiente en número y del mismo orden jurisdiccional a la Sala que preside Pedro Izquierdo, la Sección Primera. La semana pasada, la juez Carmen Barrero admitió a trámite la recusación del juez Pedro Izquierdo presentada por las acusaciones que ejercen Manos Limpias y el PP, y lo envió a reparto para que otra sección distinta a la del ponente recusado resuelva sobre si debe seguir al frente de este proceso o debe ser apartado.

El magistrado Ángel Márquez, encargado del asunto, instruyó el caso Juan Guerra

La magistrada aceptaba las pruebas propuestas, salvo la que se refiere a la solicitud al Consejo de Gobierno de la Junta de las copias de las actas correspondientes al 29 de abril de 2008, una prueba que fue solicitada por Manos Limpias para "adverar que los hoy acusados penalmente que entonces formaban parte del mismo votaron personalmente a favor del magistrado ponente para su nombramiento como alto cargo público", o como explica en otras palabras para "verificar el apoyo personal prestado por los acusados a quien ahora ha de juzgarles criminalmente".

En este punto, la juez Carmen Barrero señalaba que la prueba interesada "nunca obtendría el resultado pretendido", por cuanto la ley establece que los acuerdos del Consejo de Gobierno "deberán constar en un acta, en la que figurarán, exclusivamente, las circunstancias relativas al tiempo y lugar de su celebración, la relación de los asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados". Pero no constarían por tanto "las opiniones o votos emitidos que igual que las deliberaciones tendrán carácter secreto, estando obligados los integrantes del Consejo de Gobierno a mantener dicho carácter, aún cuando hubieran dejado de pertenecer a él". Por lo tanto, la petición de las actas "en ningún caso" podría permitir el conocimiento que la parte pretende, "sino tan sólo la realidad de un acuerdo de nombramiento del magistrado ahora recusado para determinado cargo", algo por lo demás público y notorio, y que no ha sido cuestionado ni controvertido.

El magistrado Pedro Izquierdo, que fue secretario general de Justicia de la Junta entre 2008 y 2014, realizó recientemente un informe en el que puso de manifiesto que no ve causa para que sea recusado de este juicio, aunque ha pedido a la Audiencia de Sevilla que valore la perturbación que ha suscitado su designación para enjuiciar este caso.

En un informe de 29 folios, el magistrado reconoce que con el incidente de recusación planteado por las acusaciones de Manos Limpias y el Partido Popular "no sólo se ha visto ya perturbado el sosiego y tranquilidad" con la que como ponente debería haber comenzado a estudiar la causa del denominado "procedimiento específico", sino que también al cuestionarse su inclusión en la Sala, también se ha afectado al tribunal, "al proyectarse de forma persistente una sospecha generalizada sobre si concurrirían las garantías necesarias para afrontar la celebración del juicio".

"Es cierto que mi continuidad en el tribunal conociendo del procedimiento va a suponer el tener que afrontar por mi parte un reto de abstracción de todo lo sucedido que, aunque vencible, pudiera pensarse que de no lograrlo podría implicar un riesgo de que el enjuiciamiento de las conductas investigadas no se llevara a efecto de forma adecuada, no sólo respecto a las pretensiones de los recusantes sino también en cuanto a las planteadas por los encausados y encausadas", confiesa el magistrado.

Pedro Izquierdo subraya que lo que ha venido sucediendo ha implicado ya una "perturbación en la actividad ordinaria del tribunal y puede que del interés superior de la Justicia, en cuanto debe impartirse en un contexto de plenas garantías, entre las que también es importante la plena confianza, aún subjetiva, de que éstas concurra, lo que de forma legítima ha sido cuestionado por los recusantes".

El magistrado concluye su informe poniendo de manifiesto que resulta procedente que "sea la Sala a la que corresponda conocer de los incidentes de recusación la que, valorando todas las circunstancias expuestas por las partes personadas y en este informe, resuelva lo que considere procedente, incluso frente a mi percepción subjetiva de poder ejercer de forma responsable mis obligaciones profesionales como presidente de la Sala y ponente".

El juez Izquierdo asegura que cuando la Sección Primera resultó elegida en el sorteo celebrado el pasado 23 de febrero para enjuiciar el caso de Chaves y Griñán en ese momento tampoco tenía dudas que aconsejaran su abstención "ni tampoco que estaba retando a las partes personadas a recusarlo". El magistrado recuerda que declaró que este caso no era uno más "por su complejidad", por lo que no planteó su abstención "al no apreciar que concurriera causa legal para ello, sin prever todo lo que ha venido aconteciendo con posterioridad, circunstancias que sí han hecho realidad lo que también anunció de que pudiera llegarse a ver comprometida la actividad ordinaria del tribunal".

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