Andalucía

UGT y CCOO recogerán firmas para la dación en pago de la vivienda

  • Las centrales promueven una iniciativa popular para llevar al Congreso el cambio legal

Los sindicatos UGT y CCOO han puesto en marcha una campaña para recoger las 500.000 firmas necesarias que permitan elevar al Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para frenar los desahucios y pedir la dación en pago para las personas en situación de desempleo o enfermedad. Los secretarios regionales de CCOO y de UGT, Francisco Carbonero y Manuel Pastrana, informaron ayer en rueda de prensa de que esta iniciativa busca que se entregue la vivienda antes de la subasta y que se salde la deuda con el banco sin posibilidad de que la entidad bancaria siga reclamando "de por vida" intereses y gastos judiciales.

Además, se reclama que las personas puedan permanecer en la vivienda en régimen de alquiler por un máximo de cinco años y que el arrendamiento no supere el treinta por ciento de los ingresos familiares. Los representantes sindicales en la comunidad andaluza mostraron su confianza en lograr esos 500.000 apoyos que permitirían elevar al Congreso la iniciativa, aunque esperan que después el PP no vote en contra de ella "y la devuelvan para atrás".

Carbonero señaló que con la iniciativa se busca "paralizar la situación de desahucios promovidos por las entidades bancarias", que ha afectado en el conjunto nacional a 350.000 personas, 65.000 de ellas en Andalucía. "Queremos cambiar la ley en aquellas situaciones sobrevenidas", como los desempleados o enfermos, porque en muchas ocasiones las personas que entregan sus viviendas "se quedan sin nada". Aseguró que no se requiere de grandes modificaciones legislativas, ya que sólo habría que cambiar una parte de la ley de enjuiciamiento civil y de la ley hipotecaria.

Pastrana por su parte añadió que la ILP pretende conseguir que el Congreso apruebe la dación en pago como "fórmula para solucionar la especulación bancaria, la incompetencia y la negligencia del Banco de España". El líder de UGT aseguró que si no se cambia la ley los ciudadanos seguirán pagando en los próximos años porque "se les obligó a pagar viviendas con una triplicación de su valor real".

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