El próximo miércoles, un grupo de expertos pertenecientes a la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza (UICN) comenzarán sobre el terreno la evaluación para que el Parque Nacional de Doñana regrese a su Lista Verde. Este examen llega apenas meses después de que la Junta de Andalucía, se pusiera al día del pago de las cuotas con la institución.

Doñana entró en la Lista Verde en 2015. Según reconocieron desde la UICN a este periódico, cualquier listado es válido durante un periodo de cinco años, después de los cuales se requiere una renovación. En el caso de Doñana, la nueva inclusión en el listado “permitió una reevaluación integral por parte de un grupo de expertos acreditados e independientes, conocido como Expert Assessment Group, Green Lists-España”.

El resultado de esa evaluación “lograda mediante consenso, fue que Doñana no cumple con esos estándares de la Lista Verde” y ni tan siquiera “las evidencias proporcionadas respaldaban suficientemente esa acreditación”. Por ello, la UICN, eliminó al Parque Nacional de ese listado, aunque de manera inmediata se apresuró a aclarar que “sigue siendo candidato para cumplir con los criterios requerido y volver a entrar en el mismo”. Era el primero de los 77 enclaves de 60 países que era expulsado de ese prestigioso listado. En ese mismo sentido, la UICN explica que “se proveerá de apoyo a las autoridades (Junta de Andalucía) para ayudar a mejorar las prácticas de gestión y lograr los resultados de conservación deseados”.

Fue la tramitación de la ley de regadíos del entorno de Doñana la que sirvió de justificación para sacar al Parque de la Lista Verde, por lo que entonces se llamó su “progresivo deterioro”. Fue una de las reacciones no previstas por los proponentes de la ley y que desembocaron en la búsqueda de un acuerdo con el Gobierno central después de la paralización de la norma en su trámite parlamentario.

Desde la Consejería se abrió entonces una serie de reproches a la UICN, de quien se llegó a decir que sus evaluadores “no habían pisado Doñana”. La extrañeza la expresó el titular de Medio Ambiente del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, quien reconoció incluso una serie de encuentros mantenidos con representantes de la entidad con motivo de la Cumbre del Clima en Dubái y que “en ningún momento la directora de la UICN, Grethel Aguilar nos advirtió de esa decisión en la reunión que mantuvo con la delegación andaluza”. Lo que sí hizo fue solicitar la subvención que la Junta otorgaba para su funcionamiento y que fue retirada por Juanma Moreno cuando llegó al Palacio de San Telmo. En cualquier caso, desde el Ejecutivo andaluz se quiso desvincular ambos aspectos.

Andalucía es miembro de la UICN desde el año 1988 y se integra tanto en su estructura mundial como en el comité español. Por ello, debe abonar dos cuotas; la primera asciende a 8.860 francos suizos anuales (aproximadamente la misma cantidad en euros) y otros 3.700 euros por la segunda. En la actualidad, el pago de dichas cantidades se encuentra al día, ya que hubo un retraso desde el año 2020 al 2022 que se solucionó el pasado ejercicio.

Asimismo, la Junta solicitó y fue aprobado el cambio de categoría de socio pasando de agencia gubernamental a gobierno subnacional. Este cambio fue aprobado por el comité de gobernanza y constituyentes de la UICN el pasado 26 de febrero. En la actualidad, según ha podido conocer este periódico, desde la Junta de Andalucía se trabaja para definir y redactar un convenio para que supondría afianzar la relación de la Consejería de Medio Ambiente del Ejecutivo andaluz con la UICN.

Ahora, una vez puestas al día las contribuciones de la Junta de Andalucía, los técnicos de esta fundación visitarán el Parque Nacional de Doñana a lo largo de la jornada del próximo miércoles para, al menos así lo ha podido conocer este periódico, “conocer y comprobar si ha mejorado su conservación, lo que podría hacer cambiar esta consideración. Durante la gira se reunirán con representantes de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, en especial de la Dirección General de Espacios Protegidos, encabezada por el onubense José Enrique Borrallo.