Cerca de un millón de trabajadores andaluces se podrían beneficiar de la reducción de la jornada laboral pactada por el PSOE y Sumar en el caso de que, finalmente, Pedro Sánchez lograra sacar adelante su investidura y se cumpliera lo acordado con su aliada Yolanda Díaz.

El PSOE y Sumar firmaron esta semana un un acuerdo programático para formar un nuevo Gobierno de coalición progresista. Entre los acuerdos pactados, donde se incluye, entre otros, frenar el precio del alquiler, limitar los vuelos cortos, aumentar los permisos de maternidad y paternidad a 20 semanas o el tope legal de las listas de espera en la sanidad, el que más debate ha suscitado ha sido la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales (con permiso del alcalde de Sevilla que ha querido polemizar con el vuelo a Madrid).

La presentada como una de las medidas estrella del acuerdo de coalición de un Ejecutivo progresista consiste en disminuir la jornada laboral de forma progresiva: desde las 40 horas semanales actualmente vigentes hasta 38,5 horas en 2024 y 37,5 en 2025. Y todo ello sin que se mermen los salarios.

De ver la luz la medida, ésta afectaría en torno al millón de asalariados andaluces, en concreto, hablaríamos de 912.358 trabajadores, el 37,7% total de los cotizantes en Andalucía. De este total, 562.130 serían hombres y 350.227 mujeres. A nivel nacional, serían cerca de 11 millones de trabajadores (10.751.523), por lo que los andaluces supondrían el 8,5% del total de asalariados del país.

El último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (Ministerio de Hacienda y Función Pública), con fecha de julio de 2022, refleja que en Andalucía hay casi medio millón de funcionarios (494.682). Y, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, la comunidad contaba en esa misma fecha con cerca de 16 millones de cotizantes (16.499.173 en junio de 2023, el último dato disponible).

Para saber a cuántas personas beneficiaría la reducción de la jornada laboral, habría que restar al número total de cotizantes los trabajadores públicos, los contratados a tiempo parcial (461.600) y los autónomos (570.847), que, según datos de Eurostat, estos trabajan en España, de media, más de 40 horas a la semana. De ahí, el cerca de millón de beneficiados. 

Esta cifra podría ser un poco más alta si se tiene en cuenta que en Andalucía 50.969 personas practican la pluriactividad, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). La pluriactividad obliga a estar dado de alta en dos o más regímenes distintos, sería el caso, por ejemplo, de aquellas personas que trabajan por cuenta ajena y que también están dados de alta como autónomos (por cuenta propia). Sus datos aparecen tanto en la tabla de régimen general como en la de autónomo, de ahí que la cifra de beneficiarios de la reducción de jornada podría superar el millón.

La mitad de los beneficiarios son malagueños

Por provincias, Málaga es la que cuenta con un número de afectados más alto, en torno a los 463.000 trabajadores. Este dato equivale al 50,7% del total de andaluces beneficiados. Le sigue Sevilla con 370.854 trabajadores y Cádiz, con 187.598.

Las provincias con menos trabajadores afectados son Jaén (69.192), Córdoba (102.032) y Almería (105.418). 

La ley que fija la jornada laboral máxima en 40 horas en España se aprobó en 1983, con Felipe González como presidente del Gobierno, y la norma se refleja en el Estatuto de los Trabajadores. Hasta entonces, la jornada laboral era de 43 horas semanales.

En España, hay convenios de empresa o sectoriales que ya recogen una jornada ordinaria inferior a las 40 horas. El caso más conocido es el del sector público, donde la jornada, por norma general, ya es de 37,5 horas desde 2012. En Andalucía, los empleados de la Junta y de la mayoría de los ayuntamientos tienen mejores condiciones, pues trabajan 35 horas a la semana.

Alerta sindical ante posibles abusos

Desde CCOO advierten de que "son muy pocas" las empresas, la mayoría pymes, que ya aplican una jornada reducida por convenio (al margen del sector público), y que ello, en cualquier caso "es ficticio": "Esos empleados, al final, acaban echando las mismas horas porque, como la carga de trabajo no cambia, la reducción de jornada se compensa con horas extraordinarias, a veces retribuidas y a veces no".

Desde el sindicato, por tanto, son pesimistas a la hora de valorar si el paso de 40 a 37,5 horas puede impulsar nuevas contrataciones para que, así, la actividad no se resienta sin tener que recurrir a las extra. "La implantación de la jornada de 37 horas y media en la administración pública tenía como fin la creación de empleo, cosa que después no ha sido real", lamentan desde CCOO. Es más, advierten de que, teniendo en cuenta que la Inspección de Trabajo es "una de las grandes carencias que tenemos en provincias como Jaén", la regularización de la jornada reducida en todo el sector privado puede alimentar la "picaresca" de los empresarios.

Rechazo de los empresarios

Una visión bien distinta del asunto tienen los empresarios. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa (Cepyme) y la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) expresaron su "rechazo" a la reducción de la jornada de trabajo, pues, en su opinión, "va a tener un impacto negativo para la actividad de las empresas, en especial de las pymes y los autónomos, y, por tanto, para el crecimiento de la economía y la creación de empleo en España".

Las patronales consideran "sorprendente" que el acuerdo "se adentre en cuestiones propias del diálogo social", haciéndolo "a espaldas de los interlocutores sociales y con un afán intervencionistas evidente". "Existe la posibilidad de explorar nuevas fórmulas de reparto entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso u ocio, pero no como consecuencia de una imposición legal, sino mediante negociación colectiva", denuncian.

CEOE, Cepyme y ATA aseguran que seguirán defendiendo "el papel clave de la empresa como creadora de riqueza y empleo" y que continuarán trabajando "en favor de todo aquello que suponga estabilidad, progreso y cohesión para España".