El palacete de Villagonzalo, en pleno centro de Madrid, una de las joyas del imperio de Juan Antonio Roca, no sólo tiene colgado el cartel de se vende, sino que hay un comprador interesado y dispuesto a desembolsar 28 millones de euros. El edificio, construido en el siglo XVIII por el marqués de Ustáriz y sometido a una profunda reforma en el siglo XIX, fue con posterioridad residencia de los condes de Villagonzalo y ahora se puede convertir en la bisagra que abra la puerta de la cárcel a Juan Antonio Roca.

Este inmueble de 5.520 metros construidos es representativo de la última etapa del ex asesor de urbanismo de Marbella, antes de que explotara el caso Malaya y su emporio se derrumbara. Trataba de crear un grupo de hoteles de lujo y a tal efecto se hizo con varios edificios emblemáticos. Compró en 2002 Villagonzalo y lo hizo a su estilo. Nada de papeles que apuntaran en su dirección. Al frente de la sociedad propietaria del edificio colocó a Montserrat Corulla, una abogada con habilidad para moverse en sociedad y experiencia en el negocio hotelero, actualmente procesada por presunto blanqueo de capitales en la trama de Marbella.

En apenas un año abordó dos ampliaciones de capital inyectó 17 millones en Palacio de Villagonzalo SL. Dos años y medio después la Policía grabó con equipos ocultos un encuentro en el hotel Villamagna de Madrid entre Juan Antonio Roca y el empresario Ismael Pérez Peña. El exasesor de urbanismo le pedía un préstamo a su interlocutor y le explicaba que se había quedado sin liquidez porque se había "metido en una ampliación de capital" en esta sociedad. Este hilo fue el que permitió a los investigadores atar cabos y establecer que Roca era el propietario real del palacete.

La operación Malaya saltó cuando ya estaban en marcha las obras de rehabilitación que, tras ese acontecimiento se vieron interrumpidas. En la campaña electoral de las municipales de 2007 el palacio de Villagonzalo volvió a la actualidad cuando el candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Miguel Sebastián, reprochó al Ayuntamiento que presidía entonces Alberto Ruiz-Gallardón que las obras se habían autorizado sin un plan especial que recogiera su singularidad histórica.

Ahora Villagonzalo vuelve otra vez a la actualidad. Roca ha aceptado que el administrador judicial venda algunas propiedades con la doble finalidad de aportarle liquidez a los negocios, de modo que pueda hacer frente a las deudas que acumulan desde su ingreso en prisión, como para lograr fondos con los que afrontar la indemnización en concepto de responsabilidad civil que le impuso la Audiencia Nacional en el caso Saqueo I en una sentencia ya firme. Junto al abogado José Luis Sierra y al contable Manuel Castel deben pagar 22,9 millones de euros al Ayuntamiento de Marbella. El tribunal del caso Malaya le ha dado luz verde a esta operación.

Saldar la responsabilidad civil es muy importante para conseguir permisos carcelarios e incluso el cambio de régimen penitenciario. El primer intento fue entregar la finca La Caridad al Ayuntamiento de Marbella, pero esta vía se cerró cuando el municipio comprobó que no podía pagar las deudas de la era GIL con la Seguridad Social con patrimonio. Entonces se cerró una puerta que ahora parece abrirse otra vez con Villagonzalo.

Roca sólo tiene firme la condena de seis años y 10 meses de reclusión por Saqueo I y ya ha cumplido seis años. Resulta complicado que pueda seguir mucho más tiempo preso a no ser que mientras tanto el Tribunal Supremo confirme la sentencia de cuatro años que le impuso la Audiencia de Málaga en el caso Minutas en diciembre del año pasado.