El conflicto laboral que se desató en 2009 en el sector de la construcción por la controvertida subida salarial pactada en el convenio colectivo -de un 3,5%, resultante de la suma del IPC previsto para 2009 (del 2%) más el 1,5% acordado, lo que la patronal consideraba irreal y abusivo teniendo en cuenta que el IPC real poco tuvo que ver con la previsión inicial- parece que toca a su fin. Ayer el Tribunal Supremo dictó sentencia a favor de los 35.000 trabajadores que hace más de un año se vieron envueltos en una 'guerra' salarial contra la Asociación de Constructoras y Promotoras de Granada (ACP) y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción y Obras Públicas (Asopymec).

La sentencia del Supremo, según informaron ayer el responsable de Empleo de la Federación de la Construcción, Madera y Afines (Fecoma) de CCOO de Andalucía, Francisco López Megías, y el secretario general de la Federación del Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT Granada, Francisco Ruiz Ruano, desestima el recurso interpuesto por la patronal granadina contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), obligando a las empresas de la construcción a abonar los atrasos acumulados por la subida salarial nunca aplicada, que superan los 28,4 millones de euros (unos 800 euros de media por trabajador), según los cálculos de los sindicatos. Eso, sólo en concepto de atrasos, porque los sindicatos aseguran que la sentencia del Supremo también obliga a la patronal a pagar los pluses y gratificaciones acumulados y el 1,5% de subida salarial correspondiente a 2010.

Fuentes de la Asociación de Constructores y Promotores de Granada, que aseguraron que la patronal no tenía ayer constancia oficial del dictamen del Supremo, manifestaron su más absoluto respeto por la resolución del tribunal.

Sin embargo, la buena disposición de la patronal puede chocar con la realidad en la que está envuelta el sector, castigado por el paro y la mortalidad empresarial. Aunque la sentencia no puede ser recurrida y, por tanto, tendrá que ser acatada por las empresas granadinas, lo cierto es que puede que no sea tan fácil trasladar a hechos lo que dicta el papel. Por un lado, como apuntó ayer Ruiz Ruano, la subida salarial tendrá que ser abonada a los más de 7.000 empleados del sector que actualmente están en desempleo pero que sí que trabajaban en 2009. Además, muchos de los empleados podrán encontrarse con complicaciones a la hora de reclamar porque ya no trabajan para la misma empresa, porque han trabajado para distintas entidades o porque las sociedades ya han desaparecido.

Francisco López Megías indicó que la sentencia revela "que todos los argumentos que han utilizado los empresarios para escamotear el cumplimiento del convenio no tiene acogida jurídica", por lo que instó a los empresarios granadinos a que no sigan dilatando más la solución a este problema, que pasa por la firma del convenio y la aplicación para los trabajadores de Granada de los incrementos fijados en su día. "Entendemos que se ha perdido un tiempo en el que los trabajadores han dejado de percibir unas cantidades que les correspondían y que la negociación colectiva reconocía", apuntó el responsable de Empleo de CCOO de Andalucía.

El secretario de MCA de UGT de Granada coincidió en que "la actitud de las patronales granadinas ha sido una estrategia para no negociar el convenio colectivo de la construcción", aunque les haya dado un "resultado baldío". De ahí que el líder sindical hiciera un llamamiento a los empresarios para que regresen al camino "del diálogo y el consenso" y "se sienten de una vez a negociar el convenio con los sindicatos de clase".