España "tiene resuelta" la gestión de basuras nucleares de baja y media actividad con el "almacén centralizado" de El Cabril. Lo asegura la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) en su propia página web, aunque, tras lo apuntado el pasado lunes por el presidente de la sociedad, Francisco Gil-Ortega, durante un desayuno informativo en Madrid el debate en torno al almacenaje de materiales contaminados con isótopos radiactivos ha vuelto a reabrirse. Tras un debate silenciado en Córdoba durante décadas, donde la existencia de un cementerio nuclear en pleno parque natural de Hornachuelos es algo asumido, el anuncio de la intención Enresa de duplicar la capacidad de sus instalaciones para poder asumir los restos procedentes del desmantelamiento de las centrales nucleares ha reavivado un debate que alcanzó su cenit en la década de los 80, precisamente cuando se empezó a planificar la infraestructura.

La polémica reabierta esta semana se augura larga y encarnizada por la cantidad de intereses en juego. Están, por una parte, los valores medioambientales, defendidos por asociaciones ecologistas que mañana lunes asistirán en Córdoba a la primera Asamblea Antinuclear. Y está, por otra parte, la economía. Más allá del empleo directo generado por el almacén, a nadie escapa que los convenios económicos que Enresa mantiene con los municipios próximos a la instalación son una variante a tener en cuenta para posicionarse a favor de la ampliación de El Cabril, más aún en el actual contexto económico de crisis y debido a la necesidad de crear empleo en una zona históricamente deprimida.

Y, de manera tangencial, solapándose con los otros dos factores, en el debate entra el juego político. Las próximas citas electorales harán que el proyecto de ampliación de El Cabril forme parte a partir de ahora de la confrontación política en diferentes niveles, desde los ayuntamientos hasta la Junta de Andalucía o el Gobierno central. Para empezar, ya el Pleno de Palma del Río, municipio limítrofe con Hornachuelos pero no incluido en el área de influencia de la instalación, se debatieron en el Pleno del pasado jueves dos mociones -una del PSOE y otra del PP- que en las próximas semanas veremos en muchos otros ayuntamientos de la provincia.

La historia de Sierra Albarrana como lugar de almacenamiento de residuos se remonta a 1961, cuando la Junta de Energía Nuclear, en pleno franquismo, ejecutó el traslado de los primeros bidones de residuos a este emplazamiento y los introdujo en una antigua mina de uranio. Tal y como se conoce ahora, el proyecto arranca en 1986 con una prolongada fase de diseño; en 1988, se solicitó la autorización para su construcción. Al año siguiente, el Consejo de Seguridad Nuclear emitió un informe favorable; en 1990 empezaron las obras y en el 92, el año de la Expo de Sevilla y del estreno del AVE, en la provincia de Córdoba finalizaban también los montajes y las pruebas de los sistemas del cementerio. Las 28 celdas de El Cabril se diseñaron para acoger todos los residuos de media y baja actividad que pudieran generar las centrales nucleares durante sus 40 años de actividad, de ahí el desconcierto creado por el anuncio de Enresa a principios de semana.

Si sorprendente ha sido el proyecto para la ciudadanía en general, más aún para los cuatro ayuntamientos del área de influencia del cementerio: los cordobeses Hornachuelos y Fuente Obejuna y los sevillanos Alanís y Las Navas de la Concepción. Sorprendente, en primer lugar, por la escasa sensibilidad mostrada por Enresa al anunciar un proyecto de este calado sin una reunión previa con los principales afectados. Y, en segundo lugar, por el distanciamiento creciente que la empresa ha mostrado en el último año, con la disolución de una fundación que ayudaba, por poner sólo un ejemplo, a que pudiera llevarse a cabo la representación de Fuenteovejuna, como hace unos días recordaba la alcaldesa mellariense, Isabel Cabezas (PP).

A las pocas horas de conocer la noticia, los cuatro ayuntamientos, de diferentes signos políticos -los dos sevillanos, del PA; Hornachuelos, del PSOE, y Fuente Obejuna, del PP-, se precipitaban a hacer una valoración más o menos positiva de la ampliación atendiendo básicamente al factor económico, aunque con críticas a las formas empleadas por Enresa. Con el paso de los días, llegaban las matizaciones. La principal, la del Ayuntamiento de Hornachuelos, que el viernes rectificó y aseguró que "no es partidario" de la ampliación, entre otros motivos, por la "falta de compromiso del Estado con los ayuntamientos afectados por este tipo de instalaciones, que ha supuesto un menoscabo de las capacidades económicas de estos municipios a pesar de la aportación que realizan a favor de los intereses generales".

Las posiciones de los principales partidos políticos sí están claras: el PSOE, IU y el PA están en contra, mientras el PP insiste en que la iniciativa vendrá acompañada de una inyección económica irrenunciable. Con la Junta de Andalucía en contra de prolongar la vida del cementerio nuclear y el Estado central a favor, lo correcto sería abrir un debate pausado y en profundidad, lejos de réditos electorales, como ocurre cada vez que el Gobierno ha de tomar una decisión sobre el emplazamiento de instalaciones nucleares.

Los argumentos en contra de El Cabril son de sobra conocidos, principalmente por la peligrosidad para la salud y el medio ambiente de estos residuos, un riesgo latente generación tras generación. En cuanto al principal argumento a favor, el económico y la creación de empleo, es discutible. El Cabril mantiene en la actualidad unos 200 puestos de trabajo. Su ampliación, está claro, crearía más contratos, aunque también supondría hipotecar de nuevo una zona con un valor ecológico incuestionable pero con unos recursos naturales difíciles de vender, precisamente, por la proximidad del almacén nuclear. También habría que analizar si el desarrollo económico y de bienestar alcanzado por los vecinos de los cuatro municipios del área de influencia desde la década de los 90 es superior al de otras localidades de características similares. O si, por el contrario, Córdoba ya ha pagado su cuota de solidaridad y llega el momento de pasar página.