Mercedes Alaya ya tiene su quinta macrocausa. La juez que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos también ha asumido finalmente la investigación por las presuntas facturas falsas del sindicato UGT-A con las que se pagaron comidas y fueron justificadas en las subvenciones concedidas para esta organización. El juez decano de Sevilla acordó ayer remitir a la instructora la primera denuncia por las facturas de UGT que había recaído inicialmente en el juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, pero que planteó una cuestión de competencia con el juzgado de Alaya, a raíz de la investigación abierta por los supuestos pagos de cursos de formación de este sindicato al ex conseguidor Juan Lanzas.

El decano de los jueces, Francisco Guerrero, acordó remitir la causa de UGT a Alaya por "antecedentes", atendiendo a las normas de reparto y al estimar que la "competencia" para instruir este proceso corresponde a la juez al tratarse de un "hecho que ya ha sido objeto de investigación judicial".

Mercedes Alaya abrió en septiembre pasado esta nueva línea de investigación, que está declarada secreta y que parte de la operación Heracles de la Guardia Civil, que se desarrolló en marzo pasado contra el cobro de las sobrecomisiones vinculadas a las pólizas de los ERE. Para el decano "prima el principio competencial" sobre el de la nueva fecha de incoación del procedimiento, dado que la primera denuncia del sindicato Manos Limpias contra UGT se presentó en agosto pasado, antes de que Alaya abriera la nueva línea de investigación y decretara el secreto de sumario.

De momento, la investigación que se remite a Alaya se refiere únicamente a la denuncia presentada en el juzgado de Instrucción número 9 contra los responsables de UGT-A por falsear presuntamente facturas para pagar pancartas y publicidad para la huelga general del 29 de septiembre de 2010 y para gastos de funcionamiento, cuando los fondos se hallaban vinculados a la formación de desempleados o cursos de formación para celadores sanitarios.

De momento, a Alaya no le han llegado las otras cinco ampliaciones que han recaído en otros juzgados, pero, en cualquier caso, todo apunta a que estas denuncias se acumularán igualmente en el juzgado de Alaya por motivos de conexidad de los hechos a investigar.

Además del juzgado de Instrucción número 9, los juzgados que también investigan el posible desvío de las subvenciones para fines distintos a los que se concedieron son los número 5, 19 y 4, mientras que una última denuncia estaba aún por repartirla a otro juez.

En el juzgado número 5 recayó otra denuncia de Manos Limpias del 20 de agosto contra los dirigentes de UGT-A por el uso de contratación eventual de adolescentes, mientras que el juzgado de Instrucción número 19 tramita otra denuncia por cargos de comida a la Junta y el pago de sobresueldos. En el juzgado número 4 se investiga una denuncia del 27 de agosto contra UGT-A por haber justificado gastos de una asamblea con CCOO como ayuda a mujeres discriminadas, o haber cargado a la Junta el pago de una cena para 150 personas en la caseta de la Feria de Abril de 2010.

El decano tiene aún que repartir la última denuncia presentada por la facturación de un convite y la indemnización de un ERE de 159 empleados.