La Junta se paga a sí misma cien millones de euros por alquilar ocho edificios administrativos

La Junta pagará más de cien millones de euros (100.554.395,40 euros exactamente) a la empresa pública EPGSA, Empresa Pública de Gestión de Activos, por el alquiler de ocho edificios administrativos en los que trabajan unos 2.500 funcionarios públicos. El Consejo de Gobierno ha autorizado este contrato de arrendamiento, con una validez de diez años, por el que la Junta se abona así misma esta cantidad.

La clave de esta operación arranca en el año 2010. Entonces, el Ejecutivo autonómico hizo una operación que podría denominarse de deuda encubierta por la que vendía esos edificios a su empresa pública y le pagaba alquileres a precio de mercado obteniendo así liquidez inmediata. Los edificios se vendieron por 93 millones de euros y se volvieron a alquilar a la propia Junta a precio de mercado. Ahora, esos alquileres se rebajan en 45 millones de euros para los próximos diez años con lo que EPGASA reduce su margen de beneficios, es una empresa pública rentable, y también el impuesto de sociedades por esos beneficios.

Con este acuerdo culmina, en el marco de la Auditoria del Sector Público Andaluz, la reconfiguración de EPGASA y se pone fin de forma definitiva a la operación de Sale & Leaseback que la entidad contrajo en el año 2010. Los edificios afectados por la operación se encuentran en Sevilla, donde hay cuatro; Málaga, donde hay dos; y Huelva donde se ubican otros dos. Son los siguientes: Plaza Nueva 4 y 5; calle Seda nave 5; calle Castelar, 22 y Avenida de la Palmera, 41, todos ellos en Sevilla. Las sedes administrativas de Málaga están en la Avenida de la Aurora, 47 y en la calle Compositor Lehmberg, 22. En Huelva se ubican en la calle Mora Claros, 4 y calle Los Mozárabes, 4, Huelva.

Plan de reestructuración

La operación es un paso más en el Plan de Reestructuración de Edificios Públicos que lleva a cabo la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social a través de su Dirección General de Patrimonio. El objetivo no es otro que poner en valor todos los inmuebles y bienes del Gobierno andaluz infrautilizados o en desuso, al tiempo que se busca el máximo ahorro en alquileres de sedes públicas.

No se trata, además, del único ejemplo de esta clase de operaciones dirigidas a obtener liquidez inmediata realizadas por los gobiernos anteriores a la llegada de Juanma Moreno. En 2014, la Junta vendió 70 inmuebles a un fondo inversor por los que recibió 300 millones de euros, pero en el que se obligaba a abonar 700 millones de euros hasta 2035. En el año 2023, dentro de la estrategia de ahorro y puesta en valor del patrimonio público andaluz, la Junta recompró los 70 inmuebles, lo que supuso un ahorro de unos 100 millones de euros en alquileres futuros y un ahorro anual estimado de 22 millones, poniendo fin al contrato de arrendamiento y recuperando la propiedad de sus edificios.