Satisfacción con sordina. Cautela. También incertidumbre. Y con cierto recelo. Los sindicatos con más representación entre el colectivo de funcionarios y empleados de la administración andaluza acogieron el anuncio de la presidenta Díaz, ayer en el Parlamento, de la restitución de su paga extra, sin grandes demostraciones de júbilo. A pesar de ser una de las aspiraciones de los trabajadores de la Junta desde que quedaran suprimidas y, desde luego, un punto caliente de la fricción entre el Ejecutivo y los empleados públicos, la recuperación de las pagas extra fue objeto de distintas interpretaciones desde las filas sindicalistas. Hubo una casi coincidencia en ellas: la exigencia de que "se devuelva todo lo confiscado".

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) se mostró "cauteloso" ante el anuncio de Díaz y pidió que también se recupere la parte de las pagas extra suprimida desde 2013. El SAF indicó que "si finalmente esta afirmación se cumple", esta medida supone "adquirir un derecho perdido", pero pidió a la jefa del Ejecutivo que "no sea el único, ya que los funcionarios han sufrido una pérdida de poder adquisitivo de un 30% por ciento y un aumento en su jornada laboral".

El sindicato CSIF-A conminó a la presidenta que devuelva la parte d las pagas extra recortadas desde 2012, unas cantidades que pueden sumar unos 1.000 millones. Este sindicato, que "no hará ningún agradecimiento" -dijo su secretario de Acción Sindical-, Francisco Iglesias, destacó que "por fin se va a cumplir con la ley, pues la Junta lleva casi tres años incumpliendo la actual legislación, que prevé que se abone la extra completa en junio y diciembre; por fin la Junta cumplirá con la ley". No obstante, Iglesias tachó la medida de "insuficiente".

El Sindicato de Enfermería (Satse) de Andalucía reclamó que se establezca una planificación de la devolución de lo todo lo confiscado en las nóminas de los profesionales sanitarios andaluces en los últimos años. El Satse recordó que los empleados públicos andaluces "son los más desfavorecidos con respecto al restos de los funcionarios del Estado pues son los que mayores recortes están sufriendo, muy especialmente el personal sanitario".

Por su parte, el coordinador de Área Pública de CCOO-A, Humberto Muñoz, alertó de que el anuncio de Díaz traerá "más incertidumbre que satisfacciones", toda vez que la Junta "no ha aclarado qué pasará con el resto de recortes acometidos y sufridos por los empleados públicos". El sindicalista lamentó que la presidenta "haya elegido un foro que no nos parece el más adecuado, como ha sido el Parlamento , en vez de haberse hecho ante el máximo órgano de negociación, como es la Mesa General de Función Pública".