Endesa Distribución Eléctrica ha devuelto en los últimos meses cerca de 22 millones de euros a más de 400.000 usuarios andaluces por requerimiento de la Junta de Andalucía, que estimó una vulneración de la normativa aplicable.

Los hechos se remontan al verano de 2011, cuando atendiendo denuncias de varios usuarios, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, a través de la dirección general Industria, Minas y Energía, abrió un expediente de actuación previa con vistas a comprobar los hechos denunciados. Como resultado de esa actuación, que no ha tenido correspondencia en el resto de comunidades autónomas, la Junta decide actuar por una doble vía.

De una parte, exige a la distribuidora de Endesa la devolución de las cantidades que la Administración interpretó que se habían facturado contraviniendo la normativa aplicable. Entre marzo -momento en el se resuelve la devolución- y diciembre de 2015, Endesa procedió a reintegrar 21.899.718,1 euros a 401.344 usuarios. Todas las facturas cuestionadas han sido, por tanto, abonadas ya.

De otro lado, la Administración acordó en junio del pasado año la apertura de un expediente sancionador por infracción leve a la eléctrica. Sin embargo, tras un tortuoso trámite administrativo, la Junta decidió la semana pasada iniciar un nuevo expediente sancionador a Endesa por facturación indebida, toda vez que el que se inició hace ahora un año caducó en marzo, porque legalmente no se había propuesto sanción alguna. Al no estar prescritas las supuestas infracciones que se atribuyen, se ha iniciado, bajo la dirección de un nuevo instructor, el nuevo expediente.

Hace un año nombró instructor del expediente caducado en marzo al funcionario Santiago Ochoa, que desde ese momento es a quien le correspondió el estudio de los hechos y la propuesta de sanción o no que pudiesen acarrear, aunque la resolución sancionadora compete a la Secretaría General Técnica de la Consejería.

Durante el trámite de este primer expediente, el instructor cambia de criterio en reiteradas ocasiones. Plantea primero entre el 26 y el 30 de noviembre tres sanciones distintas, que oscilan entre los 844 millones de euros y los 600.000 euros. Posteriormente, a primeros de enero de este año, da por terminada la instrucción con otra propuesta distinta, consistente en dar traslado a la Fiscalía de los hechos al considerar que pudo haber delito en la actuación de la empresa. La dirección general de Industria, Minas y Energía procede a dar traslado al a Secretaría General Técnica de la consejería y a la propia eléctrica.

Sin embargo, sólo cuatro días después, Ochoa, el 8 de enero de 2016, cuando se iba a comunicar la resolución, solicita volver a cambiar su propuesta de sanción y solicita incluir por primera vez la tipificación como sanción grave, lo que genera dudas sobre la legalidad de su petición. Ese mismo día, presenta un escrito solicitando que se abra un nuevo procedimiento por falta grave.

Once días más tarde, en un escrito interno ante la Secretaría General, Ochoa acusa a la Dirección General de obstrucción. Ante esta acusación, los hechos se ponen en conocimiento de la Inspección General se Servicios, dependiente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y de la propia Secretaria General de Empleo, Empresa y Comercio.

Los servicios jurídicos determinaron que la propuesta del instructor ya no podía modificarse y la Inspección determinó que no ha existido obstrucción alguna. Con todo este embrollo, se produjo la caducidad y, el pasado jueves, la apertura del nuevo expediente.