A pocos días para que se cumpla una década desde que se anunció el cierre de Delphi en Puerto Real, y pocos días después de que sus últimos defensores (ex trabajadores) hayan puesto fin al encierro laboral más largo del país con 1.074 días de protesta, parece llegar la última oportunidad para los terrenos que ocupa aún la vieja fábrica ya abandonada. Ayer, casi sin pretenderlo, el alcalde puertorrealeño, Antonio Romero (Sí se puede), revolucionaba el panorama industrial gaditano al anunciar a los medios de comunicación que dos empresas están muy cerca de instalarse en ese suelo.

Pero antes hay que salvar un obstáculo. Romero explicó que como consecuencia de la reparcelación que aprobó el Ayuntamiento meses atrás para dividir la parcela de Delphi en terrenos más pequeños (y conseguir así que empresas de menor tamaño se asentaran en ellos), cualquier negocio que se instalase debía hacer frente a una tasa regulada por las ordenanzas municipales. Esa tasa es incluso previa a que se iniciase la urbanización del terreno y supondría, de una sola vez, casi medio millón de euros.

El problema es que esa cantidad de dinero, además de ahuyentar posibles intereses empresariales, tenía que salir de quien en la actualidad gestiona los designios de la antigua factoría, la Administración concursal. "Y ya nos dijeron los administradores que no iban a poner ni un euro", dijo el alcalde a este periódico.

Por ese motivo, desde el equipo de gobierno puertorrealeño llevan meses trabajando en lograr la manera de salvar este escollo. Y parece que la han encontrado. Por ese motivo, llevarán al próximo pleno ordinario del mes de febrero un punto en el que someterán a aprobación la derogación de esa ordenanza municipal que regula dicha tasa. Será una manera de lanzar un mensaje a las empresas interesadas: no habrá que pagar antes de instalarse.